El recorte presupuestario impactará principalmente en la construcción y mejoramiento a infraestructuras, compromisos contractuales, algunos proyectos iniciados y la adquisición de equipos tecnológicos.
El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo Salazar, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la vista presupuestaria por el monto asignado de B/.149,963,508.00 para la vigencia fiscal 2022, cifra que pidió a los diputados comisionados reconsiderar, debido al recorte de 44.4 millones de balboas que se aplicó al presupuesto solicitado, lo que impacta tanto en el funcionamiento como en las inversiones de la institución.
De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad judicial, del presupuesto asignado, B/.148,013,617.00 corresponden a funcionamiento y B/.1,949,891.00 para inversión.
El procurador manifestó que reconoce que todas las instituciones están siendo afectadas por la pandemia por COVID-19; no obstante, la administración de justicia es esencial en un Estado democrático. “Como buenos administradores se realizará el trabajo que corresponde”, señaló.
El recorte presupuestario impactará principalmente en la construcción y mejoramiento a infraestructuras, compromisos contractuales, algunos proyectos iniciados y la adquisición de equipos tecnológicos que repercuten directamente en las labores de la institución.
Con el presupuesto solicitado de B/.194,406,604.00 se tenía previsto la modernización de la Procuraduría General de la Nación con la construcción y mejoramiento a infraestructuras tales como la tercera etapa de la Fiscalía Regional de San Miguelito, la Unidad Regional de Changuinola, en Bocas del Toro, la Unidad Regional de La Chorrera y la construcción del edificio de la Unidad Regional del Primer Distrito Judicial, así como la construcción de un Centro de Capacitación, entre otros.