Panamá es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una ley de Cabotaje que regule sus actividades.
El proyecto de Ley 598 que busca regular el Cabotaje y el Comercio Interior en las aguas panameñas fue aprobado en primer debate por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, tras un debate que incluyó a varias organizaciones marítimas, empresariales y demás agrupaciones interesadas en este sector.
Este proyecto, que consta de 74 artículos, propone garantizar la estabilidad de la mano de obra local y para ello dispone que el 90% de los trabajadores que presten servicios marítimos auxiliares en el país deberán ser nacionales panameños. También establece que las naves que brinden estos servicios, en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá, deberán estar registrados bajo bandera panameña.
El director ejecutivo de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), José Digerónimo, dijo que el país ya cuenta con una ley de cabotaje aéreo y terrestre y solo faltaría la ley de cabotaje marítimo. Agregó que lo que se busca con esta normativa es regular esta actividad para que sea desarrollada por los nacionales y que se pueda sacar el máximo provecho a nuestra posición geográfica. “Tenemos una deuda de años en esta materia”, acotó.
Con este marco regulatorio también se le dará mayor facultad a la Autoridad Marítima de Panamá para hacer cumplir los estándares y acuerdos nacionales e internacionales sobre protección de la vida humana, la carga, seguridad de la navegación y protección del ambiente marino.
La entidad, además, podrá aplicar fianzas y establecer sanciones por cualquier daño ecológico causado, así como exigir el reembolso por gastos de remoción, reflote, reubicación de las de las especies náufragas o naves abandonadas, las cuales representan un peligro para la seguridad de la navegación, la vida de las personas y para el medio ambiente marino y costero.
Durante la sustentación del proyecto, el presidente de ARPA, Rodrigo Hernández destacó la importancia del cabotaje señalando que en Panamá se registraron unos 47,385 atraques como resultado del comercio interior antes de la pandemia y se movieron más 5.5 millones de toneladas en cabotaje. “Nosotros colaboramos con la economía de Panamá y cada centavo que generamos, le trae riqueza al país, es por ello, que necesitamos estar a tono con las demás naciones en materia de cabotaje”, apuntó.
En tanto, el abogado internacionalista, Francisco “Paco” Carreira señaló que lo que se busca con esta ley es proteger la industria y el capital nacional, no el capital que viene de afuera y se radica en Panamá y se quiere vestir de nacional para participar en negocios que están reservados, como esta ley lo pretende, para los panameños.
El presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, Roberto Ábrego, señaló que hay países como Estados Unidos, Chile y Holanda tienen leyes de cabotaje y destacó que, en el caso específico de Estados Unidos, es un cien por ciento para ciudadanos americanos y la embarcación debe ser construida en ese país, por lo que, frente a ese panorama, Panamá si necesita proteger su industria haciendo los ajustes que sean necesarios. “Hay mucho interés de parte de los comisionados de producir la mejor ley posible con la colaboración de todos y los ajustes necesarios, porque este es un tema de beneficio para el país, reservando esa actividad para los panameños”, sostuvo.
Panamá es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una ley de Cabotaje que regule sus actividades de cabotaje. De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de los países con acceso al mar poseen normas que reglamentan esta industria para proteger los intereses de sus nacionales.