Las autoridades, a pesar de que saben que las legislaciones las obligan a cumplir con lo acordado, prefieren que los funcionarios causen no solo pérdidas millonarias a terceros, sino disgustos en el normal desenvolvimiento de las actividades diarias.
Las leyes se aprueban porque existe un “genuino” interés de cumplirlas en beneficio de los sectores beneficiados con ellas. Panamá se precia de ser un país promotor de leyes de toda índole, sobre todo sociales, pero muchas veces estas legislaciones duermen el sueño de los justos una vez que han sido puestas en vigencia; es decir, se convierten en materia inerte que nadie respeta.
Se han aprobado leyes que otorgan beneficios laborales a los funcionarios de distintas entidades públicas y también del sector privado, entre ellas, las que les dan incentivos y que los funcionarios esperan que se les cancelen al final de año para solventar sus gastos navideños o cancelar algunos compromisos.
Sin embargo, en el caso de los trabajadores del Estado, a estos se les dificulta lograr que se les cumpla lo acordado por ley y se ven obligados a decretar huelgas, paros, cierres de calles y otras medidas. Las autoridades, a pesar de que saben que las legislaciones las obligan a cumplir con lo acordado, prefieren que los funcionarios causen no solo pérdidas millonarias a terceros, sino disgustos en el normal desenvolvimiento de las actividades diarias de quienes no tienen parte en el asunto.
Y no solo eso, sino que después de ser cómplices en el desbarajuste económico causado sin razón de ser, acceden a lo que por justicia les corresponde a los reclamantes.
¿Quién resarce las pérdidas? Nadie, porque nunca hay un culpable de lo sucedido, como si la negación de los derechos fuera cuestión de juego. Las leyes son instituidas para que se cumplan. No hay ninguna razón válida, en cualquier época, para dejar de cumplir con lo legislado, a menos que el país derive en una dictadura.
Este es el caso particular del reciente paro realizado por los funcionarios de la Dirección de Aduanas, que iniciaron una huelga el jueves 25 de noviembre y que terminó el viernes 26, en reclamo del pago de unos incentivos laborales adeudados. Según se informó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha destinado 3.2 millones de dólares, luego de un acuerdo alcanzado, para zanjar la disputa.
Pero este no es el único caso, ya que en los últimos tiempos los funcionarios, entre ellos los de la Caja de Seguro Social, gremios médicos y de enfermeras y otros han tenido que realizar manifestaciones, huelgas y tomar otras medidas para reclamar el cumplimiento de promesas laborales.
Por otro lado, debemos recordar las huelgas que ocurrían en el sector bananero en Bocas del Toro, donde el sindicato las decretaba para luchar por nuevas convenciones colectivas. Después de muchos días de brazos caídos y de sufrir pérdidas millonarias, los dueños de la empresa accedían a los reclamos sindicales. Y la historia se repetía año tras año.
¿Por qué el Gobierno transgrede las leyes que él mismo ha aprobado? Es una pregunta que nos formulamos a diario. Si el Gobierno declara el Estado en bancarrota, estamos casi seguros de que podría demostrarles a los funcionarios que no hay dinero para cancelar los pagos que por ley debe realizar cuando corresponde. Mientras el Estado cuente con los recursos, debe cumplir sus compromisos. De esa forma, todos los funcionarios estarían satisfechos y no tendrían razón para realizar manifestaciones, paros ni huelgas.