De acuerdo con este gremio, en la mayoría de los países del mundo lo normal es reservar el 100% del cabotaje para sus nacionales.
La Asociación de Armadores Panameños (ARPA) ponderó la reciente sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo al proyecto de Ley 598 con el que se regulará el cabotaje y el comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.
Rodrigo Hernández, presidente de ARPA señaló que esta ley de cabotaje representa un hito en la historia marítima de Panamá, al colocar al país al nivel del 80% de las naciones del mundo que tienen una legislación como esta, lo que traerá mayor seguridad jurídica para el empresario panameño, más empleo y una mayor recaudación para el Estado, ya que se acabará con la fuga de divisas que existía.
“Esta ley permea toda la actividad de cabotaje del país y sobre todo en las provincias y los segmentos que van desde cargas pequeñas, hasta las cargas grandes de aquellos armadores que traen ganado, pesca y productos agrícolas, hasta aquellos que trabajan en las industrias marítimas auxiliares a lo largo del canal y que prestan los servicios gracias a que tenemos una posición geográfica privilegiada”, apuntó.
Esta normativa que fue consensuada por más de un año y aprobada con el consenso de los diputados en el pleno de la Asamblea Nacional, establece entre sus disposiciones que el 90% de la mano de obra que presten servicios de cabotaje en el país deberá ser local, lo que garantiza la estabilidad de la mano de obra panameña, además de que las personas jurídicas que soliciten licencia para desarrollar la actividad marítima auxiliar deberán acreditar que un 75% de sus accionistas o miembros son panameños.
Hernández indicó que en la mayoría de los países del mundo lo normal es reservar el 100% del cabotaje para sus nacionales, porque es así que se beneficia a la economía del país y los servicios que se ofrecen y Panamá, precisamente por tener una posición geográfica privilegiada les brinda a los panameños esa herramienta para que estén protegidos y puedan tener esa seguridad jurídica para operar en el país.
La nueva ley de cabotaje otorgará mayor potestad a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), para regular el procedimiento de especies náufragas que son todas esas embarcaciones abandonadas o hundidas, además establece crear un fondo dirigido a sufragar los costos de custodios, mantenimiento, manejo de imprevistos y emergencias, prevención de procesos de contaminación y cualquier otro gasto que se estimen convenientes de todas esas naves declaradas con especies náufragas.
El presidente de ARPA sostuvo que esta ley también contribuirá con la protección del ambiente al brindar a la AMP va a tener las herramientas necesarias para poder remover estas naves, garantizando la seguridad de la navegación que es muy importante.
Agregó que además esta normativa va a traer más negocios para Panamá, a nivel interno, porque el documento contiene un capítulo de banca naval, donde a partir de su entrada en vigencia los armadores panameños y todo naviero va a poder tener acceso al financiamiento en este rubro. “Esto es algo que no había pasado antes porque aquí financiar una embarcación siempre ha sido difícil”, acotó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement, indicó que la ley de cabotaje brindará una normativa legal para que se pueda competir de manera justa, con el panorama claro y no como lo que se está haciendo hoy en día.