A comienzos de diciembre, el Gobierno del demócrata Joe Biden anunció sanciones del Departamento del Tesoro contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante las “negociaciones secretas” del presidente con la “Mara Salvatrucha” (MS-13): Osiris Luna y Carlos Marroquín.
Los señalamientos de que el Gobierno salvadoreño ha pactado con las pandillas han venido en aumento en los últimos días, incluyendo sanciones de EE.UU. a funcionarios del Ejecutivo por la “existencia de negociaciones” con estos grupos, los cuales, según expertas, mantienen el “control” de territorios en el país.
El Gobierno de Nayib Bukele ha atribuido a su plan Control Territorial, que en sus primeras etapas concentró a más de 7.000 miembros de la Policía y del Ejército en 22 localidades para combatir a las pandillas, la sensible baja de los homicidios en los últimos años e incluso las autoridades señalan que el 2021 cerrará como el año menos violento.
Pero, para expertos como Verónica Reyna, de la organización humanitaria Servicio Social Pasionista (SSPAS), que atiende a víctimas de la violencia, las pandillas “siguen controlando y dominando las dinámicas comunitarias”, dado que “el Estado no ha recuperado los municipios, no ha recuperado los territorios (…) y eso queda en evidencia con solo ir a las comunidades”.
SEÑALAMIENTOS DE UN PACTO
Semanas después de asumir la Presidencia, en junio de 2019, Bukele lanzó su Plan Control Territorial, para el que se aprobó una financiación de más 100 millones de dólares y en el que inicialmente se concentraron miles de policías y militares en una veintena de localidades para arrebatar a las pandillas el control de los territorios y cortar sus ingresos, provenientes principalmente de extorsiones a comerciantes.
Bajo ese plan, la cifra acumulada de homicidios en El Salvador, que llegó a ser considerado el país más violento del mundo, fue de 1.074 entre enero y noviembre, un 12,4 % menos que los 1.226 computados en 2020, según datos de la Policía, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. Esto significa un promedio de 3,2 asesinatos diarios.
Sin embargo, a inicios de noviembre una escalada de homicidios se cobró la vida de más de 40 personas a manos de pandilleros en tres días. Situación que el presidente Bukele atribuyó a “fuerzas oscuras” y las autoridades arrestaron a pandilleros por su supuesta participación.
Según la investigadora en temas de seguridad Jeannette Aguilar, una de las hipótesis sobre esa escalada es que “pudo ser deliberada” para que las pandillas pudieran “efectuar ajustes que por razones” de un “pacto habían postergado” y para posicionar la efectividad policial y militar ante la opinión pública.
Señalamientos sobre un pacto también provienen de Estados Unidos.
A comienzos de diciembre, el Gobierno del demócrata Joe Biden anunció sanciones del Departamento del Tesoro contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante las “negociaciones secretas” del presidente con la “Mara Salvatrucha” (MS-13): los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Bukele ha calificado de “absurda” la acusación del Gobierno de Biden de supuestos beneficios dados a la pandillas y señala que su plan de seguridad le ha permitido tener los meses “más seguros en la historia de El Salvador”, además negó que policías o soldados hayan recibido la orden “de no combatir” a la delincuencia.
“No es fácil enfrentarse a ese cáncer que creció durante 30 años, no es fácil enfrentarse a un ejército irregular de más de 70.000 miembros que tienen armas del Ejército, granadas del Ejército proporcionadas por las Administraciones anteriores”, sostuvo.
Según Reyna, “estas estructuras (las pandillas) han decidido dejar de cometer tantos delitos” como antes, pero “eso no significa tampoco que ya no estén cometiendo delitos”.
Y para Aguilar, esas “fluctuaciones abruptas” en los actos violentos “son esperadas en un contexto en donde prevalece la ausencia de una política”.
CONTROL TERRITORIAL
Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de la organización no gubernamental Cristosal, que atiende casos de desplazamiento forzado, considera que se puede “pensar que el control territorial sigue estando en manos de las pandillas”.
Y señala que, fruto del supuesto acuerdo denunciado, según ha documentado su organización con base en testimonios, pueden existir casos de división de territorios entre las pandillas y la Policía.
“Algunas familias lo dicen así, como que hay un acuerdo entre ellos de qué forma se va a estar operando en una localidad particular. No puedo decir que esto vaya a ser una tendencia a nivel nacional, pero hay algunos casos que sí lo revelan”, subrayó.
Matizó que, en todo caso, el comportamiento del desplazamiento forzado en 2021 es “similar” al registrado antes de la pandemia y recordó que los pandilleros son quienes más expulsan de sus hogares a los salvadoreños.
Las pandillas, un fenómeno considerado una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos Gobiernos.