Podrá ordenarla cuando considere que la salud de la población está en riesgo.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, respondió a una interrogante remitida por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en la que le preguntó sobre la necesidad de contar con un instrumento jurídico para respaldar la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19, adicional a la Ley 48 del 5 de diciembre de 2007.
El procurador señaló que el ministro podrá ordenar cuando considere que la salud de la población está en riesgo, “las acciones de inmunización extraordinarias que sean necesarias, las cuales serán obligatorias para todos los residentes en la República”, sin que se requiera en estos momentos algún instrumento jurídico adicional.
Sin embargo; aclaró que las acciones que implementen el ministerio o el ministro de Salud con respecto a los procesos de inmunización o vacunación, deben realizarse con absoluto respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la vida y la integridad personal, y debe ser proporcional y congruente con los riesgos para la salud pública de que se trate, tal como lo establecen las disposiciones constitucionales, legales y convencionales vigentes a la fecha.
En su nota, el procurador hace referencia a la Constitución, el Código Sanitario, la ley orgánica del MINSA, las leyes 68 de 2003 y 48 de 2007 y varios convenios internacionales suscritos por la República de Panamá, como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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file:///C:/Users/reines/Downloads/ACUSE%20DE%20RECIBO%20CONSULTA%20MINSA%20VACUNAS.pdf