La desarticulación de una red se dio producto de un trabajo de seguimiento realizado por el Ministerio Público y sus brazos auxiliares, desarrollado durante varios meses.
La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada confirmó hoy 4 de febrero de 2022, que en conjunto con la Policía Nacional logró la aprehensión en Panamá Oeste de una tercera persona, presuntamente vinculada al delito de trata de personas, con fines de explotación sexual infantil, dentro de la denominada Operación Luz de Esperanza.
Ayer, las autoridades panameñas capturaron en la provincia de Chiriquí a dos mujeres quienes presuntamente explotaban sexualmente a menores de edad. Hoy, en horas de la tarde, inició en el Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, la audiencia de garantías para estas féminas.
La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargo y la medida cautelar correspondiente, confirmó el Ministerio Público.
Autoridades en la denominada operación “Luz de Esperanza” desarticuló una red de trata de personas con fines de explotación sexual, aprehendiendo en un un principio a dos panameñas y un costarricense.
En Panamá, la operación “Luz de Esperanza” fue liderada por el fiscal Superior Emeldo Márquez Pittí, quien informó que esta acción fue llevada a cabo en los sectores de Progreso y Finca Balsa, en Barú, de la provincia de Chiriquí, donde se capturó a dos panameñas y por parte de las autoridades costarricenses en Barrio San Jorge y Laurel fue aprehendido un hombre.
Igualmente, esta acción permitió rescatar a diez menores de edad, entre los 4 y 16 años que, entre ellos; han sido identificados tres víctimas del delito investigado y otros siete que se encontraban condición de riesgo social.
De acuerdo a las investigaciones, se trata de una red que estaba utilizando a menores de edad, quienes eran llevadas desde el distrito de Barú a territorio limítrofe costarricense, para explotarlas sexualmente. Estos hechos se daban en Finca Balsa, distrito de Barú, y zonas limítrofes entre Panamá y Costa Rica.
La desarticulación se da producto de un trabajo de seguimiento realizado por el Ministerio Público y sus brazos auxiliares, desarrollado durante varios meses.
El fiscal Márquez señaló que las sanciones penales por la comisión de este delito conllevan penas de prisión que van entre los 20 a 30 años en su forma agravada.