La activista opositora Cinthia Samantha Padilla Jirón, de 22 años, fue condenada a 8 años de prisión por delitos considerados como traición a la patria en Nicaragua y por propagación de noticias falsas, informó este martes su madre, Carolina Jirón.
El juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García, que estuvo a cargo del caso, impuso una pena de cuatro años por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, y de cuatro años por propagación de noticias falsas, detalló su madre.
El juez además impuso una multa de 30.000 córdobas (unos 843 dólares) a Padilla Jirón, la más joven de las 46 personas detenidas en el marco de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
“Ni a la abogada ni a la familia le notificaron que se realizaría la audiencia (celebrada el lunes), por eso ella estuvo sola en la lectura de la sentencia”, explicó la madre.
Padilla Jirón, estudiante de periodismo y de ciencias políticas, forma parte de una cuarentena de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del presidente Ortega que enfrentan juicios por delitos considerados como traición a la patria, de los cuales han condenado a 25.
La joven, activista, feminista, artista y miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, estuvo exiliada en Costa Rica tras las manifestaciones contra el Gobierno de Ortega que estallaron en abril de 2018, regresó en 2020 a Nicaragua y fue detenida un año después.
Estuvo trabajando con Félix Maradiaga, quien era uno de los siete aspirantes opositores a candidatos a la Presidencia de Nicaragua arrestados durante el proceso electoral pasado.
Los juicios a los opositores se han celebrado a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, y en algunos casos en el Complejo Judicial.
Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Ortega ha tildado a los opositores encarcelados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.