Existe un entramado de empresas fantasma extranjeras que dificulta saber con certeza a quién pertenece el dinero que administra Concord. Pero muchas de las personas aseveraron que la mayor parte de los fondos pertenecen a Román Abramóvich, un socio cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
En un suburbio de la ciudad de Nueva York, detrás de un conjunto de imponentes puertas de metal, en un edificio de oficinas difícil de encontrar, un pequeño equipo de personas administra miles de millones de dólares para un oligarca ruso.
Según algunas personas bien informadas sobre este tema, un grupo de millonarios rusos ha empleado durante varios años a Concord Management LLC, una compañía de asesoría financiera en Tarrytown, Nueva York, para que en secreto invierta su dinero en grandes fondos de cobertura y empresas de capital privado de Estados Unidos.
Existe un entramado de empresas fantasma extranjeras que dificulta saber con certeza a quién pertenece el dinero que administra Concord. Pero muchas de las personas aseveraron que la mayor parte de los fondos pertenecen a Román Abramóvich, un socio cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Concord forma parte de un conjunto de asesores estadounidenses y europeos —entre ellos algunos de los despachos de abogados más grandes del mundo— que desde hace mucho tiempo han ayudado a los oligarcas rusos a sortear los laberintos financieros, jurídicos, políticos y de medios de comunicación occidentales.
Ahora que Estados Unidos y Europa han sancionado a las personas cercanas a Putin, estas empresas no saben qué hacer con estos clientes lucrativos, pero controvertidos.
Muchas de estas empresas están dejando a los clientes, parece que algunas se están aferrando a ellos y otras no dicen lo que están haciendo.
Mientras tanto, el trabajo de los abogados y los asesores de inversiones que semanas antes pasaba casi desapercibido para la población está bajo un escrutinio excesivo.
Concord, cuyos representantes se rehusaron a hacer comentarios, ha captado la atención de los investigadores del Congreso. El miércoles, un legislador le escribió al gobierno de Biden solicitándole congelar los fondos de Abramóvich que maneja Concord.
En el Reino Unido, donde hay una próspera industria de abogados que se especializan en ocultar activos, los legisladores han tomado la palabra en el Parlamento para denunciar a los abogados y a los despachos jurídicos que continúan trabajando con los oligarcas.
En términos legales, al menos, no tiene nada de malo trabajar para las empresas, las personas o los gobiernos sancionados, siempre y cuando se sigan ciertas normas.
En Estados Unidos, a los abogados se les permite representar a clientes que hayan sido sancionados, en el tribunal o ante agencias gubernamentales, y también pueden asesorarlos para que cumplan con las sanciones. Las empresas de cabildeo o de relaciones públicas deben obtener licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro para representar a entidades sancionadas.
Según algunas personas que están al tanto de lo que sucede en esta industria, como resultado de las dificultades burocráticas y los riesgos para la reputación, las tarifas vigentes de las firmas de cabildeo y de los abogados que representan a los oligarcas sancionados han aumentado a millones de dólares.
Hay muchas empresas que consideran que la paga no es suficiente para compensar el posible daño a su reputación por trabajar para oligarcas vinculados con el Kremlin. En fechas recientes, una gran cantidad de firmas de cabildeo, de abogados y de relaciones públicas occidentales abandonaron a sus clientes rusos o dejaron de realizar transacciones con Rusia.
Un vocero del despacho de abogados Skadden Arps señaló que están “en el proceso de dejar de representar a Alfa Bank”, una empresa dirigida por un oligarca que fue sancionada. (Skadden también ha representado a Abramóvich, el multimillonario propietario del Chelsea, el equipo de fútbol de Inglaterra, pero no nos dijo si sigue realizando ese trabajo).
Los despachos de abogados internacionales Linklaters y Norton Rose Fulbright comentaron que iban a abandonar Rusia. Un portavoz de Debevoise & Plimpton, otra firma importante, mencionó que estaban poniendo fin a sus relaciones con varios clientes y que no aceptarían clientes nuevos en Moscú. Ashurst, un importante bufete de abogados con sede en Londres, señaló que “no representaría a ningún cliente ruso, actual o nuevo, independientemente de si está sujeto o no a sanciones”.
Los gigantes de las empresas de contabilidad PWC, KPMG, Deloitte y EY —los cuales han proporcionado muchos servicios a los oligarcas y a sus redes de empresas fantasma extranjeras— también señalaron que saldrán de Rusia o que romperán lazos con sus filiales locales.
Algunas compañías se separaron de clientes rusos cuyas virtudes habían exaltado los días previos a la invasión.
El mes pasado, un exfuncionario del Tesoro que ahora se dedica al cabildeo, escribió una carta a la Casa Blanca en la que alegaba que el Sovcombank de Rusia no debería enfrentar sanciones, y se refirió al compromiso de ese banco con la igualdad de género y la responsabilidad social y ambiental.
Sovcombank acordó pagarle a la empresa de cabildeo Mercury Public Affairs la cantidad de 90.000 dólares al mes por su trabajo.
Hace poco, el gobierno de Biden sancionó a Sovcombank. A pocas horas del anuncio, Mercury presentó documentación en el Departamento de Justicia en la cual indicaba que iba a rescindir su contrato con Sovcombank.
Todavía a mediados de febrero, el despacho de abogados británico Schillings representaba al oligarca ruso Alisher Usmánov, quien ha sido socio de Putin durante mucho tiempo.
Dos semanas después, la Unión Europea y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a Usmánov. Nigel Higgins, portavoz de Schillings, explicó que este bufete “no representará a ninguna persona ni entidad sancionada”.
Thomas Clare, otro abogado, ha enviado cartas amenazantes a las organizaciones de noticias en representación de sus clientes, entre ellos el oligarca ruso Oleg Deripaska. En 2019, por ejemplo, advirtió que quizás trataría de responsabilizar al The New York Times “por los daños económicos exorbitantes” que estaba sufriendo Deripaska, quien en ese momento enfrentaba algunas sanciones.
Esta semana, Clare afirmó que su despacho, Clare Locke LLP, no ha trabajado para Deripaska desde septiembre “y no tenemos contemplado volver a hacerlo en el futuro”.
Empresas rusas que ahora están enfrentando sanciones, como Rosneft, VTB, Alfa Bank, Gazprom y Sberbank, han sido representadas por importantes despachos de abogados estadounidenses que incluyen a White & Case, DLA Piper, Dechert, Latham & Watkins y Baker Botts.
Ninguno de esos bufetes comentó si siguen trabajando con las empresas rusas.
Baker McKenzie, una de las firmas de abogados más grandes del mundo, sigue poniendo en su página web que representa a “algunas de las empresas más grandes de Rusia” como Gazprom y VTB. Este bufete señaló que, con el fin de acatar las sanciones, está “revisando y ajustando nuestras transacciones y los trabajos con los clientes rusos”.
En Washington, Erich Ferrari, un importante abogado especialista en sanciones, está demandando al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en representación de Deripaska, quien está intentando revocar las sanciones que le impusieron en 2018 las cuales, según él, le han costado miles de millones de dólares y lo han vuelto “peligroso” en los círculos empresariales internacionales.
Parece que Concord Management, cuyos representantes se negaron a hacer comentarios, está dedicado casi por completo a administrar el dinero de un puñado de multimillonarios rusos.
Según los perfiles que vemos en internet de los empleados de Concord, tanto los actuales como quienes trabajaron en esa compañía anteriormente, esta empresa financiera clandestina ha estado trabajando desde 1999 con un equipo de aproximadamente dos docenas de personas. Se especializa en invertir en fondos de cobertura y fondos de bienes raíces administrados por empresas de capital privado.
Los banqueros y los administradores de fondos de cobertura de Wall Street que han interactuado con Concord y su fundador, Michael Matlin, afirman que esta compañía gestiona entre 4000 y 8000 millones de dólares.
No se sabe qué cantidad de esa cifra pertenece a Abramóvich, cuya fortuna se calcula en 13.000 millones de dólares.
Abramóvich no ha sido sancionado. Su portavoz, Rola Brentlin , se rehusó a hacer comentarios sobre Concord.
Pese a que las compañías prefieren mantener en secreto el trabajo que realizan para clientes indeseables, en 2017 hubo una filtración de datos que nos dio una idea de la manera en que las empresas occidentales ayudaban a los oligarcas rusos a ocultar sus activos y de lo que ocurrió cuando esos clientes fueron objeto de sanciones.
En esa filtración, parte del proyecto Papeles del Paraíso, estaban incluidos los expedientes del despacho de abogados Appleby en las islas Bermudas. Al menos cuatro de sus clientes poseían aviones privados a través de empresas fantasma representadas por Appleby.
Cuando las compañías y las personas vinculadas con Putin fueron sancionadas en 2014, Appleby abandonó a clientes que creía que habían sido perjudicados por dichas sanciones.
Los rusos hallaron otras empresas occidentales que les ayudaran a llenar ese vacío, entre ellas Credit Suisse.
Ben Freeman, quien trabaja en el Quincy Institute for Responsible Statecraft dándole seguimiento a la influencia extranjera, señaló que esta vez también es probable que los rusos encuentren otras empresas.
“Existe esa reacción adversa inicial en que se considera que estos clientes son perjudiciales en extremo”, comentó Freeman. “Pero cuando aparecen estos contratos tan lucrativos, para algunas personas resultan demasiado buenos y son capaces de hacerse de la vista gorda ante cualquier atrocidad”.