La rectora Etelvina Medianero de Bonagas podrá postularse para un tercer mandato en la Unachi.
Este viernes 1 de abril de 2022, en un comunicado oficial emitido desde la Presidencia de la República, se dio a conocer que el gobernante panameño, Laurentino Cortizo sancionó el Proyecto de Ley No.756 que modifica la Ley 4 de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), estableciendo que su rector será elegido por un periodo de cinco años, y podrá ser reelegido por dos periodos consecutivos.
También indicó que los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores regionales serán elegidos para un periodo de cinco años, de acuerdo con el procedimiento que rige la elección del rector, mientras que el personal administrativo con dos años o más de servicios continuo tendrá derecho a su permanencia, mediante reglamento que apruebe el Consejo Administrativo y el Consejo General Universitario y condicionada a la existencia de la posición dentro de la estructura y a la partida presupuestaria.
Este polémico proyecto de Ley desencadenó en las últimas semanas una ola de protestas en las inmediaciones de la Unachi, en oposición a la reelección por tercer mandato de la actual rectora, Etelvina Medianero de Bonagas. Con la sanción de esta norma, no hay impedimento para que la funcionaria se postule para el cargo nuevamente.
Tras conocerse la decisión adoptada por el presidente Laurentino Cortizo, las reacciones no se han hecho esperar y comienzan a copar las redes sociales.
Uno de los que se pronunció es el exfiscal general de Cuentas, Guido Rodríguez, quien destacó: “Pese a evidencias de posibles manejos irregulares bajo la actual administración de la Unachi, el presidente Cortizo decide sancionar la Ley para que prolonga en el tiempo una gestión apartada de los parámetros éticos que plantea el Código de Ética de los servidores públicos”.
Vetó ley que regenta patronatos
Por otra parte, el presidente vetó el proyecto de Ley 550 que plantea un nuevo marco regulatorio general para las instituciones que se regentan por patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado.
El mandatario devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 550 de 2021 que establece el marco regulatorio general para patronatos sin haber sido sancionado habida cuenta que, al proceder al análisis de las observaciones presentadas por parte del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social, los Patronatos de Hospital Santo Tomas, Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, Hospital del Niño y el Consejo de Gestión del Hospital Luis “Chicho” Fábrega, se encontró razones que permiten objetar parcialmente, por inconvenientes, artículos 1, 9 y 10.
De acuerdo a las consideraciones preliminares del veto presidencial, la libertad de asociación o el derecho de asociación es una garantía fundamental en nuestro ordenamiento constitucional y tal libertad, que constituye una pieza esencial del estado de derecho, representa además un derecho humano de primera generación; es una prolongación de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y, también, una antesala de los derechos de participación.
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