“Nuestro país enfrenta momentos muy difíciles, y el sector empresarial se encuentra en una ardua tarea por recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, e incluso generar crecimiento, aportes en la creación de plazas de empleo y dinamizar la economía”, COEL.
El Consejo Empresarial Logístico (COEL), por intermedio de su presidente Alberto López Tom, remitió hoy una nota al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en la que le recuerda que, reiteradamente, le ha insistido en el cumplimiento de la ley y se garantice el derecho constitucional de libre tránsito y puso de ejemplo lo acontecido en esta fecha con el cierre del libre tránsito en la frontera de Paso Canoas y la huelga en Colón.
Por considerarla de sumo interés, reproducimos la nota en mención:
Panamá, 9 de mayo 2022.
Su Excelencia
JUAN MANUEL PINO
Ministro de Seguridad
Ministerio de Seguridad Pública de la República de Panamá Vía correo-e
CIERRE DE FRONTERA – PASO CANOAS Y HUELGA EN COLÓN
Respetado señor ministro:
Nuevamente nuestro país enfrenta disrupciones en sus vías de comunicación, no sólo para el sistema logístico, sino para la movilidad empresarial y particular en general.
Gremios empresariales y profesionales hemos insistido reiteradamente en que se haga cumplir la ley y se garantice el derecho constitucional de libre tránsito; sin embargo frecuentemente se repiten situaciones como la surgida el día de ayer en Paso Canoas, en la que un reducido grupo de transportistas que no responde a ningún gremio o asociación, unilateralmente y sin mediar aviso previo, ha interrumpido el paso fronterizo internacional, y a más de 24 horas de este evento, seguimos con la inacción de nuestros estamentos de seguridad.
La conectividad nacional con la región occidental del país, e internacional, se encuentra sujeta a frecuentes interrupciones y cierres por parte de reducidos grupos de personas quienes, en reclamo de aspiraciones en muchos casos legítimas, causan graves perjuicios a todo el resto del país.
Si bien la gran mayoría de estas situaciones pueden ser evitadas mediante la intervención oportuna de las autoridades locales o nacionales, a usted corresponde salvaguardar los derechos de la ciudadanía, empresas y profesionales que resultan afectados por estos cierres, lo cual a la fecha no se hace de forma rápida y oportuna.
En la provincia de Colón nos enfrentamos a un paro general que fue anunciado hace varias semanas. El sector privado ha venido insistiendo en que autoridades locales y nacionales atiendan las reclamaciones que formulan grupos y dirigentes, ciudadanos de dicha provincia, sin que a la fecha se hayan tomado acciones efectivas que eviten dicha paralización.
Ante tal cierre, una de las regiones terminales de nuestro eje logístico se encuentra totalmente paralizada, causando afectaciones reputacionales y económicas severas. No sólo nos referimos a la paralización del flujo de carga a través de los terminales portuarios de dicha provincia, sino de miles de personas que se ven impedidas para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio.
De ninguna forma proponemos el uso de la fuerza como primer recurso, pero tampoco puede permitirse el libertinaje y la anarquía so pretexto de mantener una paz social que, desde el momento en que se causa afectación a terceros, deja de existir. La pregonada paz social no debe ser costeada por los afectados, máxime cuando la gran mayoría de estos cierres se originan en la inacción de autoridades locales o nacionales que no atienden de forma oportuna los requerimientos ciudadanos y no establecen canales de diálogo y comunicación eficientes.
Nuestro país enfrenta momentos muy difíciles, y el sector empresarial se encuentra en una ardua tarea por recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, e incluso generar crecimiento y aportes al país en la forma de generación de plazas de empleo y dinamizar la economía. No podemos realizar esto sin el apoyo del gobierno a fin de mantener las condiciones de orden y apego a la ley necesarios para el correcto y pacífico desenvolvimiento de la actividad económica y empresarial. Panamá es y debe mantenerse como un Estado de Derecho, donde prevalezca la ley y el orden.
Por último, insistimos en la obligación que recae en su persona de proteger los derechos constitucionales afectados de todos aquellos ciudadanos y empresas que resultan perjudicados por estos cierres, los cuales estamos seguros usted conoce perfectamente, y que se encuentran expresamente consagrados en nuestra Constitución Política:
ARTÍCULO 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.
ARTÍCULO 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.
ARTICULO 27. Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración.
Quedamos a la espera de la toma de acciones rápidas y oportunas,
Atentamente,
Alberto López Tom
Presidente del Consejo Empresarial Logístico