Con cien dólares se multó a los abogados que no asistieron al acto de audiencia programado para hoy.
Este jueves, 19 de mayo de 2022 se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar del caso conocido como “New Business”, por la inasistencia de cuatro abogados defensores y la incapacidad de otros dos.
El Ministerio Público dijo estar preparado con la participación de los fiscales superiores Emeldo Márquez y Uris Vargas y el fiscal de circuito, Gilberto Arona, en representación de la Fiscalía Primera Superior Contra la Delincuencia Organizada.
Los fiscales pedirán llamamiento a juicio para 21 personas por el delito de blanqueo de capitales, por la compra de un medio de comunicación social con fondos provenientes del Estado.
La juez tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, multó con B/.100.00 a los abogados que no asistieron al acto y se estableció como fecha alterna para celebrar la audiencia del 4 al 6 julio de 2022.
En esta audiencia se continuaría con la exposición de la investigación a la que dio inicio el fiscal Uris Vargas, el 27 de enero de 2022, misma que fue suspendida por el fuero electoral de uno de los acusados.
La fiscalía en esa ocasión, a través del fiscal Superior Emeldo Márquez, empezó la sustentación de los elementos objetivos de la vista fiscal del caso, motivo de la solicitud de llamamiento a juicio del Ministerio Público.
El Ministerio Público inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales.
Según el ente de investigación, se realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.
El Estado ha logrado la recuperación mediante esta investigación de B/. 9,200.000.00 en acciones equivalentes al 30%, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional.