EE.UU. sancionó este viernes al exgobernante y empresario paraguayo Horacio Cartes por “actos de corrupción significativos” durante su mandato 2013-2018 , una decisión que agitó las aguas de la política en el país suramericano, inmerso en una dura campaña por el liderazgo del oficialista Partido Colorado.
La decisión fue anunciada en Twitter por el secretario de Estado, Antony Blinken, y dada a conocer casi en simultáneo en Asunción por el embajador de Washington en el país, Marc Ostfield.
“Hoy el Departamento de Estado designa al expresidente paraguayo Horacio Cartes inelegible para ingresar a Estados Unidos debido a sus actos de corrupción mientras estuvo en el cargo. Estamos comprometidos a apoyar la democracia y promover la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos”, publicó Blinken.
La medida reflotó en Paraguay los llamados de los partidos políticos, en su mayoría de oposición, a que el Congreso someta a un juicio político a la fiscal general, Sandra Quiñónez, considerada por sus detractores cercana al exmandatario.
Cartes, por su parte, negó las acusaciones y las tachó de “infundadas”.
LA DESIGNACIÓN
Ostfield explicó en una conferencia de prensa que la decisión del Departamento de Estado supone que el exmandatario y sus familiares inmediatos “no sean elegibles” para ingresar a EE.UU.
La prohibición incluyó a los hijos del exmandatario, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña.
El diplomático detalló que, durante su mandato, Cartes utilizó la Presidencia “para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio”, cuya identidad no reveló, en una maniobra que -aseguró- fue “diseñada para mitigar el riesgo político y legal” del expresidente.
“Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por EE. UU.”, puntualizó el embajador, que se abstuvo de confirmar o desmentir la posibilidad de una investigación por parte de la Justicia de su país.
El representante estadounidense resaltó que la designación reafirma el compromiso de su país “en el combate a la corrupción y la impunidad que socavan la fe del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas”.
“Esta no será -anticipó- nuestra última designación en Paraguay”.
ACUSACIONES INFUNDADAS
Por su parte, el exmandatario rechazó en Twitter los señalamientos de Washington.
“Niego y rechazo el contenido de las acusaciones, las que considero infundadas e injustas”, sentenció Cartes en un comunicado y posteriormente mediante un video.
Se dijo, igualmente, comprometido a ofrecer “todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos” que le cuestionan.
Por su parte, el abogado del exmandatario, Pedro Ovelar, denunció en una rueda de prensa que Cartes “es víctima de una persecución desde el Gobierno” e incluso consideró “muy difícil creer de que esto no se trata de un acto político o que tenga incidencia en la política partidaria interna”.
Cartes ha presentado su candidatura a las elecciones primarias de diciembre próximo por la presidencia del oficialista Partido Colorado, a la que también aspira el actual gobernante paraguayo, Mario Abdo Benítez.
Sobre esa candidatura, el representante legal dijo no tener “ninguna información” de que el empresario haya decidido dar un paso al costado o retirarse.
Además, salió al paso de hipótesis que vinculan la decisión de hoy con un caso relacionado con la Operación anticorrupción Lava Jato, en el que Cartes fue señalado de “ayudar” a Darío Messer, considerado como el “mayor cambista de Brasil” y detenido desde 2019, o con el avión venezolano-iraní que en mayo pasado llevó cigarrillos de la Tabacalera del Este (Tabesa)-del grupo de negocios del exmandatario- desde Paraguay hasta Aruba.
En enero pasado, Cartes fue denunciado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por “lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa”, informó el entonces ministro paraguayo del Interior, Arnaldo Giuzzio, firmante de la acusación.
FISCALÍA BAJO LA LUPA
El anuncio del Departamento de Estado generó distintas reacciones en el país, donde líderes de oposición insistieron en sus pedidos de enjuiciar a la fiscal general.
“La inacción y complicidad de la fiscalía nos obliga a reactivar el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien al igual que otros altos funcionarios son cómplices del crimen organizado y protección a grupos terroristas”, escribió en Twitter la diputada y precandidata presidencial Kattya González.
La senadora y también precandidata presidencial de izquierda Esperanza Martínez se sumó en esa red a las críticas contra el Ministerio Público, al señalar que “observa, no investiga y garantiza impunidad”