Remiten el expediente del caso Blue Apple al Tribunal Superior de Liquidación

Remiten el expediente del caso Blue Apple al Tribunal Superior de Liquidación
Corte Suprema de Justicia. Foto, Archivo.

El tribunal negó la práctica de algunas pruebas solicitadas por ser inconducentes, decisión que fue apelada por los defensores técnicos.

La juez Baloísa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, remitió al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el expediente del caso Blue Apple, para que se resuelva el recurso de apelación promovido por algunos integrantes de la defensa técnica particular, contra el auto que resuelve la admisibilidad de las pruebas solicitadas.

El expediente fue remitido por el Juzgado al Tribunal Superior para su conocimiento y posterior decisión, ayer viernes 12 de agosto de 2022, una vez una vez precluido el término para la formalización del recurso de apelación promovido, así como la presentación de objeciones que vencieron, el día de ayer 11 de agosto de 2022.

Dentro del término probatorio, los abogados adujeron pruebas testimoniales, documentales, periciales, de informe, entre otras. El tribunal negó la práctica de algunas pruebas solicitadas por ser inconducentes, decisión que fue apelada por los defensores técnicos.

En consecuencia, la audiencia ordinaria agendada del 16 al 26 de agosto de 2022 no se podrá realizar, hasta tanto el recurso de apelación sea resuelto. Una vez el expediente regrese, el juzgado fijará la fecha para la práctica de las pruebas admitidas, así como el agendamiento de la audiencia.

En este proceso se abrió causa criminal contra 26 ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales), contra la seguridad colectiva (asociación ilícita para delinquir), contra la administración pública (corrupción de servidores públicos) y contra la fe pública (falsificación).

Esta investigación, que consta de 352 tomos, inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción integrada por funcionarios públicos, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.

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