El caso Odebrecht, considerado la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, entrará este lunes en la fase de audiencia preliminar tras un largo y accidentado camino que ha alimentado la incertidumbre sobre su desenlace.
Entre las personas naturales (48) y jurídicas (1) imputadas por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, para las que la Fiscalía pedirá el llamamiento a juicio en esta fase, están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014); Juan Carlos Varela (2014-2019) y otros exfuncionarios.
Para otros 29 imputados ya se dictó el sobreseimiento provisional (21) y definitivo (8), dijo el Órgano Judicial, que reiteró que los medios podrán transmitir en tiempo real la audiencia, que se extenderá hasta el 30 de septiembre y en la que la jueza Baloisa Marquínez escuchará los alegatos de las partes para decidir sobre el llamamiento a juicio.
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, luego reabierta en 2017 y culminó en octubre de 2018 con cerca de 80 imputados. El expediente consta de 2.755 tomos con más de 1,1 millones de páginas, precisó el Órgano Judicial.
El caso fue reabierto luego que Odebrecht confesó en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países, por lo que fue multada con 2.600 millones de dólares.
Según las confesiones de la empresa, en Panamá se pagaron más de 55 millones de dólares en coimas o sobornos a funcionarios y particulares, entre ellos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli.
Los hermanos Martinelli purgan cárcel en EE.UU. tras declararse allá culpables de participar “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”, por un total de 28 millones de dólares.
El abogado de Luis Enrique, James Mac Govern, declaró que los hermanos habían actuado “por órdenes del padre”.
En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado, el cual no se está cumpliendo.
LAS EXPECTATIVAS
La audiencia preliminar debió iniciarse el pasado 18 de julio pero la inasistencia de algunos abogados defensores lo impidió, por lo que se reprogramó para la fecha alterna. Fue otro tropiezo en un camino plagado de obstáculos, desinformación y hasta cambio de fiscales.
El constitucionalista Ernesto Cedeño dijo a Efe que “no debería” haber una nueva suspensión porque al tratarse de la fecha alterna “la norma dice que la audiencia va porque va”.
“Ahora, tú no sabes qué pueda pasar”, alertó Cedeño, aunque expresó que espera “que de una vez por todas se sepa en Panamá quiénes son los coimeros”.
Las expectativas en torno al caso se dispararon tras la confesión y condena de los hermanos Martinelli en Estados Unidos, pero el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, advirtió sobre un posible resultado judicial “frustrante” en Panamá, como ya ha habido otros en el marco de procesos complejos.
“Hay expectativas, la sociedad tiene el interés de conocer cuál es el desenlace de un caso de corrupción tan emblemático. El problema es que, al comparar nuestro sistema judicial con el de otros países, enfrentamos la realidad de que las reglas bajo las cuales el proceso de Odebrecht se dirime están plagadas de defectos”.
Araúz señaló que dado el volumen del expediente y la cantidad de imputados, se está ante un “proceso judicial inédito, pero lo histórico no me cambia la realidad de que se dirime con reglas obsoletas” amparadas en el sistema inquisitivo mixto.
“La Justicia bajo el sistema inquisitivo mixto siempre estuvo diseñada para impedir conocer la verdad de los señalamientos. No hay explicación razonable que le permita a alguien atreverse a presagiar que la Justicia va a ser eficiente, porque esas reglas siempre han sido ineficientes”, añadió.