En aquella época, unos 270 empleados públicos fueron despedidos por participar en distintas protestas.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó enviar a subcomisión el proyecto de Ley 892, que reconoce derechos y establece medidas de seguridad social a las víctimas de la Ley 25 de 1990, propuesto por el diputado Víctor Castillo.
La norma plantea un reconocimiento de derechos a las víctimas de la Ley 25 de 1990, en lo relativo a sus pensiones por vejez, y ordena a la Caja de Seguro Social realizar un nuevo cálculo de dicha pensión la cual deberá ser como si hubiesen recibido la cuota obrero-patronal, en el tiempo debido, además, se reconoce un bono de indemnización por daños.
El Comité Panameño por los Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Panamá, por el despido arbitrario de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social también, acogió el anteproyecto de Ley 88, Que modifica la Ley 8 de 23 de enero de 1958, Por la cual se reglamenta el ejercicio de la optometría y de la óptica en el territorio de la República de Panamá y dicta otras disposiciones, iniciativa del diputado suplente Félix Cook.
El objetivo este anteproyecto es actualizar la ley que regula la profesión de optometría en la República de Panamá para facilitar su aplicación, brindando nuevas adecuaciones que fortalezcan el ejercicio de la profesión.
También, en esta comisión, se prohijó el anteproyecto 121, por el cual se establece una bonificación para los trabajadores del sector agrícola bananero y dicta otras disipaciones, propuesto por el diputado Abel Becker.
A su vez, se creó una subcomisión para el análisis, evaluación y estudio del proyecto de Ley 745, mediante el cual se establece proceso de reducción y eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas industrialmente, iniciativa de la diputada Mayín Correa.
La norma busca establecer un proceso gradual de reducción de las grasas trans, hasta su eliminación completa, en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas industrialmente, con el propósito de contribuir a la reducción de los riesgos asociados a accidentes cerebro-vasculares, ataques cardíacos, diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas no trasmisibles.