El estado de Nueva York perdió unos 11.000 millones de dólares por fraude al pagar ayudas al desempleo en el año posterior a la declaración de la pandemia debido, principalmente, a un sistema “obsoleto”, según dijo este martes el auditor público.
El auditor, Thomas DiNapoli, publicó hoy un informe en el que señala que el sistema de seguros de desempleo estatal no estaba preparado “para gestionar los retos generados por la demanda extraordinaria” de ayudas y la flexibilización a nivel federal de los requisitos para solicitarlas después del estallido de covid-19.
Entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, Nueva York emitió pagos relacionados con las prestaciones de desempleo por valor de 76.300 millones de dólares, un incremento del 3.140 % respecto al año fiscal anterior, y las tasas de pagos indebidos y de pagos fraudulentos, que ya eran altas, se multiplicaron.
Antes de la pandemia, la tasa de pagos indebidos era del 10,34 % y la de fraude del 4,51 %, mientras que al aumentar el volumen de solicitudes la tasa de pagos indebidos aumentó hasta el 28,89 % y la de fraude al 17,59 %, indica un comunicado del auditor.
La estimación de 11.000 millones de dólares “perdidos por el fraude” en ese año fiscal “probablemente infravalora la cantidad real, ya que el Departamento de Trabajo de Nueva York reconoció que los programas temporales (de ayudas) tenían un riesgo de fraude significativamente más alto”, agrega.
Asimismo, revela que los funcionarios del Departamento de Trabajo estatal no suministraron los datos necesarios para determinar el valor exacto de los pagos fraudulentos y que aportaron información con lentitud, lo que retrasó la publicación del informe.
DiNapoli destaca que además el estado buscó medidas provisionales para compensar los problemas de su sistema anticuado de prestaciones para el desempleo, lo que debilitó la supervisión para evitar pagos indebidos.
El auditor advierte que el estado tuvo que pedir dinero prestado al Gobierno federal para hacer frente a las ayudas por desempleo en la pandemia y actualmente la cifra asciende a unos 8.000 millones de dólares que deberán ser devueltos con intereses “a costa de los empleadores de Nueva York”.
El director ejecutivo de Upstate United, un grupo de empresas de Nueva York, dijo que el informe es una llamada de atención a la gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, y a los legisladores, y reclamó “una rendición de cuentas y acción inmediata” para remediar la “alucinante incompetencia” del estado.
Hochul, que ha sido recientemente reelegida en las elecciones de medio mandato, anunció en junio que el Departamento de Trabajo se encuentra a mitad de aplicar un plan de modernización de cuatro años para la mejora tecnológica del sistema y la reducción del fraude.