Inversiones, seguridad jurídica y desarrollo

Inversiones, seguridad jurídica y desarrollo
Provocar incertidumbre con proclamas y consignas, no resolverá las dificultades que afrontamos. Es el momento de la sensatez y del buen juicio, ya que, de lo contrario, las consecuencias serían de pronóstico reservado. Foto, En Segundos.

Resulta claro que la anhelada recuperación económica, supone que el país desarrolle políticas públicas que promuevan la atracción de capitales internacionales, el fortalecimiento de nuestras instituciones, la formación adecuada de nuestra fuerza laboral y el abatimiento definitivo de la burocracia exuberante.

La crisis producida por la pandemia sigue afectando las posibilidades económicas de la mayoría de los países. El desempleo y la informalidad se han constituido en un reto a vencer. Generar oportunidades de trabajo de calidad debe ser un objetivo de todos los panameños.

Resulta claro que la anhelada recuperación económica, supone que el país desarrolle políticas públicas que promuevan la atracción de capitales internacionales, el fortalecimiento de nuestras instituciones, la formación adecuada de nuestra fuerza laboral y el abatimiento definitivo de la burocracia exuberante.

Estas y otras condiciones deben amalgamarse con la seguridad jurídica para provocar que las inversiones que lleguen tengan la convicción que en Panamá se respetan las leyes y que el país es terreno fértil para que continúen su actividad sin sobresaltos, sin giros radicales ni cambios súbitos de reglas.

En el mundo de la postpandemia, todas las naciones entienden que deben fortalecer sus ventajas comparativas para poder competir. Panamá es un país que tiene muchas oportunidades definidas por su posición geográfica y su consecuente potencial logístico.

Nos preocupa que en casos como el de la negociación del nuevo contrato minero y en cualquiera que se inicie en el futuro, el Estado aluda a plazos fatales.

Estimamos que es imprescindible que se llegue a un acuerdo que garantice el respeto a la inversión y que produzca beneficios adicionales que ayuden al desarrollo social de nuestro país y que sean plataforma para impulsar la igualdad de oportunidades.

Queda claro que la seguridad jurídica no implica la defensa a ultranza de una empresa en particular. Simplemente supone que el Estado respeta la inversión y aplica las leyes sin alterarlas unilateralmente, durante el curso de la relación.

Provocar incertidumbre con proclamas y consignas, no resolverá las dificultades que afrontamos. Es el momento de la sensatez y del buen juicio, ya que, de lo contrario, las consecuencias serían de pronóstico reservado.  Recordemos que el mundo nos mira.

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