El país sudamericano se encuentra sumergido en una crisis política y social.
El pasado 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte, quién fungía como vicepresidenta de Perú, juramentó como la nueva gobernante del país sudamericano, luego que el Congreso aprobó la destitución de Pedro Castillo por intentar establecer un “gobierno de excepción”. La cesantía de Castillo se aprobó con 101 votos de un total de 130 congresistas.
EnSegundos.com.pa., entrevistó al peruano Javier González-Olaechea, doctor en Ciencia Política e Internacionalista, quien analizó la situación en Perú, se refirió a los actos de violencia que sacuden a esta nación y la actuación de la izquierda latinoamericana en la problemática actual.
¿Cómo ha sido la evolución de la situación con el expresidente Pedro Castillo?
R- El expresidente de Perú, Pedro Castillo, inició su gobierno en julio de 2021, conforme pasaron las semanas se destapó una cantidad de hechos de corrupción que al final de la investigación fiscal fue acusado con 51 carpetas fiscales. El exgobernante Castillo resolvió el pasado 7 de diciembre de 2022, disolver el congreso e intervenir la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y demás organismos que están previstos en la Constitución. Rápidamente, todos estos organismos, e incluso, el Congreso de la República, en menos de tres horas, se pronunciaron y en uso de sus facultades destituyeron al entonces presidente por incurrir en una causal de vacancia presidencial, que es impedir el funcionamiento regular del Congreso de la República, y en acto de flagrancia fue detenido cuando huía del palacio en conjunto con unos familiares. Conforme a la Constitución, sucedió en el poder y juramentó en el cargo, la vicepresidenta Dina Boluarte.
Hay acusaciones puntuales y específicas de malversación de fondos y de peculado contra Castillo. ¿Cuáles y desde cuándo?
R- La fiscalía de la Nación estuvo acumulando pruebas y solicitó al Poder Judicial, conforme al ordenamiento jurídico, el levantamiento del secreto bancario de comunicaciones, todos los secretos que son derecho fundamental y que solamente pueden acceder la fiscalía de la Nación, con autorización del poder judicial. Durante meses estuvo acumulando pruebas para presentar una acusación Constitucional contra el expresidente Castillo por liderar una organización criminal para delinquir y otros delitos, conjuntamente con una serie de personas, inclusive con familiares directos, algunos están prófugos, y otros exministros que también estaban metidos en este desfalco sistemático al fisco público, algunos se han ido del país. Acorralado por las evidencias, no tuvo mejor idea que romper con el orden Constitucional y dar un golpe de Estado.
¿Qué opina de los países que están apoyando al exgobernante Castillo?
R- Se pronunciaron cuatro presidentes: México, Colombia, Venezuela y Argentina, reclamando la libertad del que consideran sigue siendo el Presidente de la República, Pedro Castillo. Es un acto de absoluta intromisión, inaceptable, contrario al derecho internacional público, que reconoce y garantiza que las relaciones entre los Estados, son relaciones que deben salvaguardar la soberanía interna. Son los presidentes de las Repúblicas, en nombre de sus Estados, quienes se han pronunciado y han desconocido la presidencia de la señora Boluarte. Eso atenta contra el derecho internacional público y contra los usos y costumbres de las relaciones internacionales que mantienen las naciones soberanas y en las que en nuestra jurisdicción es absolutamente inaceptable. El gobierno peruano, legítimamente constituido, ha tomado algunas acciones. La primera de ellas, llamó a consultas a los embajadores peruanos en estos cuatro países y posiblemente como continúa, a pesar de que la Organización de Estados Américanos (OEA) reconoció públicamente que el expresidente Castillo cometió un golpe de Estado y saludaba que la sucesión constitucional se hubiera producido rápidamente en tres horas, en forma unánime con 101 votos de 130 congresos, está intromisión es inaceptable y Perú oficialmente la ha rechazado y la gran mayoría de los demócratas en el país. Hay un movimiento orquestado por la inteligencia cubana, por el G2 cubano, de manera visible, pues se ha encontrado dinero que ha venido de esos países de forma ilícita, también armas y municiones. No solamente, es una intromisión, sino prácticamente una injerencia bélica.
¿Cuáles son sus consideraciones sobre la actuación de la izquierda de América Latina en la situación actual?
R- Es un plan orquestado desde hace mucho tiempo para desestabilizar las democracias en América Latina. Lo han logrado en algunos países, donde rápidamente voltearon a sistemas democráticos convirtiéndolos en sistemas totalitarios, llámese: Nicaragua y Venezuela. Cambiaron las constituciones y tienen el poder absoluto eterno vinculado a todo tipo de negocios oscuros en donde las personas que lo gobiernan cometen fraudes, además, de desfalcar a sus Estados, desfalcar al fisco, a las empresas públicas como es el caso de PDVSA. De manera que es un plan orquestado y el Perú hoy está dando muestras de resistirse a esta intromisión, la más violenta en los últimos años y lo hace dentro del marco de la Constitución. La presidente ha declarado el Estado de emergencia y el auxilio de las fuerzas armadas, como está previsto en la Constitución, con la Policía Nacional para restablecer el principio de autoridad, pues lo que hay es una violencia indiscriminada. Hay policías que han sido rociados con gasolina, se han quemado oficinas públicas de la fiscalía y del poder judicial, propiedad privada, empresas, se han bloqueado las carreteras, se han tomado por asalto un aeropuerto que es el segundo más importante del país, el Estado tiene que responder con el uso legítimo de la fuerza, constitucionalmente.
¿Tendrá la presidente el apoyo de las partes en conflicto para lograr sacar a Perú de la crisis actual?
R- La presidente tomó una primera decisión relevante que es enviar al Congreso de la República un proyecto para adelantar las elecciones generales que estaban previstas para el 2026. Sin embargo, esto no satisface a los violentistas que lo que quieren en el fondo es voltear al sistema, para ir directamente a una Asamblea Constituyente, como sucedió en Venezuela, Nicaragua y convertir a Perú en un Estado fallido. Yo he sido opositor al régimen de Castillo, de la cual era vicepresidente la señora Boluarte, pero ahora ella está tomando medida en salvaguarda de la democracia interna y da garantías del orden público, de manera que mi apoyo es al gobierno constitucionalmente constituido y así lo he manifestado en diversas entrevistas.
Hay quienes acusan/señalan que esto es un golpe militar. ¿Qué opina usted de esos señalamientos?
R- Es falso. Puedo decir que el expresidente Castillo ordenó al comandante general del ejército tomar físicamente el Congreso, capturar a la fiscal de la Nación y otras medidas de carácter absolutista. El comandante y jefe del ejército se negó, en una carta pública tuvo que renunciar. Entonces; ante la ausencia de ese apoyo, lo hizo sin la intervención de las fuerzas armadas que se pronunciaron, así como el tribunal constitucional del congreso, la fiscalía y demás, manifestando su apego al Estado constitucional de derecho, de manera que el expresidente Castillo no ha tenido las fuerzas armadas a su lado.
Organismos de Derechos Humanos han criticado las actividades de represión por parte de la policía y del ejército. ¿Cree usted que son necesarias? ¿Se justifican?.
R- El uso legítimo de la fuerza es potestad del Estado. No hay violación de derechos humanos, se han suspendido las garantías constitucionales en un Estado de emergencia y están facultados de acuerdo al orden constitucional, a intervenir, a detener a la gente, procesarlos y ponerlos a disposición de la fiscalía, si cometen delitos de alteración del orden público, privación, ataques a bienes públicos o privación de las personas. Todo lo que está ocurriendo en el país tiene el respaldo Constitucional.
Comente las razones por las que apoya a la actual presidente de Perú.
R- La apoyo porque ha cumplido con la Constitución, ha tratado de restablecer la autoridad y está luchando con su gabinete. No se puede permitir que un grupo de violentistas sometan al terror, como ha sido en los últimos días en todo el país. No podemos permitir que Perú se convierta en un Estado fallido.
Actualmente, el expresidente Pedro Castillo se encuentra detenido por 18 meses acusado de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.