Según disposición del MINSA, los cigarrillos permitidos para ser comercializados en todo el territorio panameño deben tener impreso, sin excepción, uno de los cinco pictogramas y advertencias de salud, los cuales están vigentes hasta agosto del 2023.
Un entrenamiento sobre el contrabando de cigarrillos, que representa en Panamá cerca del 85% del mercado, lo que ha creado impactos negativos en la recaudación fiscal, la salud pública y la seguridad, culminó recientemente la oficina regional de la organización para el Caribe, Bermuda y América Latina, Crime Stoppers Panamá.
A los entrenamientos asistió personal de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y de la Policía Nacional de las localidades de Paso Canoas, Bugaba, David, ciudad de Panamá, Chepo y Pacora, haciendo un total de 153 unidades, quienes conocieron sobre la legislación vigente, las principales marcas de contrabando, las nuevas rutas y las formas de identificar el producto ilegal.
Sobre el tema, el presidente Lurentino Cortizo declaró el pasado año, que fueron cerca de 165 millones de dólares provenientes del contrabando de cigarrillos que fueron blanqueados en el sistema financiero.
Según disposición del Ministerio de Salud (MINSA), los cigarrillos permitidos para ser comercializados en todo el territorio panameño deben tener impreso, sin excepción, uno de los cinco pictogramas y advertencias de salud, los cuales están vigentes hasta agosto del 2023. En su defecto, la venta, tenencia y distribución de esos productos es ilegal en el país y deben ser incautados por las autoridades.
La ley 30/1984 permite al personal del Ministerio de Salud, de la ANA o de la Policía Nacional, a realizar incautaciones en forma indistinta, lo cual respalda a las autoridades para retirar los cigarrillos ilegales del mercado y evitar que lleguen a los consumidores.
“Estos entrenamientos prácticos son fundamentales para que las autoridades, de una forma directa, conozcan el problema y cuenten con los argumentos y las normativas vigentes para realizar incautaciones, entendiendo que la venta de cigarrillos de contrabando está en manos de organizaciones criminales quienes generan grandes ganancias para financiar la cadena logística del narcotráfico, la trata de personas y la propia estructura criminal, al mismo tiempo que son usados como herramientas para el blanqueo de capitales”, manifestó Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers.
Durante el entrenamiento se presentó la Ley 315 de 2022, que al prohibir en Panamá la comercialización de los llamados “cigarrillos electrónicos o vaporizadores”, facilita un mercado paralelo ilegal, que dejará graves consecuencias para el país. Esta prohibición establecida por la ley, promueve la venta de estos productos en barberías, salones de belleza, restaurantes, tiendas de ropa y hasta en gimnasios sin dejar de mencionar grupos de WhatsApp, Telegram y redes sociales donde se comercializan con total libertad aceptando, incluso, pagos por medios electrónicos y de banca digital.
Importante mencionar que las zonas de libres de comercio a nivel mundial, y en particular la Zona Libre de Colón, en Panamá, continúan siendo usadas por los carteles del cigarrillo para movilizar sus productos o utilidades, por lo cual son necesarios mayores controles, debidas diligencias e investigaciones interinstitucionales relacionadas al blanqueo de capitales a través del comercio.
A partir del entrenamiento, las unidades de los estamentos de seguridad podrán hacer uso de la aplicación para teléfonos celulares EVA (Electronic Verification App), que fue creada para las autoridades y permite escanear las cajas de cigarrillos y consultar en tiempo real, si el producto es legal en Panamá. La App mantiene una base de datos actualizada de productos ilegales y de las normativas vigentes.
La modificación del Artículo 288-A del Código Penal, que establece una cuantía de 500 mil balboas para que las incautaciones se consideren delitos e intervenga la fiscalía, es urgente en el país. Es importante continuar la cooperación interinstitucional e intersectorial, a través de una política pública en donde todas las autoridades trabajen armónicamente y en sinergia para combatir el contrabando y la falsificación de productos.