Una semana después de los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasil, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva se fortalece en el poder mientras que el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por la intentona golpista, está cada vez más aislado.
Los vandálicos actos realizados por los seguidores del líder ultraderechista en las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia el pasado domingo 8 de enero fueron condenados por el pueblo brasileño y la comunidad internacional.
La pronta recuperación de la institucionalidad tras la rápida reacción del Gobierno de Lula, que ordenó la intervención de la seguridad en la capital brasileña y consiguió controlar la situación en poco más de cuatro horas, recibió aplausos dentro y fuera del país.
Encuestas realizadas por la firma Datafolha tras los hechos señalan que el 93 % de los brasileños repudia los ataques y un 55 % considera que Bolsonaro tuvo algún grado de responsabilidad en los mismos.
REPUDIO MUNDIAL
Jefes de Estado de todo el planeta rechazaron los vandálicos asaltos y manifestaron su respaldo al Lula, que solo llevaba una semana en el poder tras asumir su tercer mandato el 1 de enero, luego de vencer al ultraderechista en las elecciones presidenciales.
El repudio fue expresado, incluso, por líderes conservadores que siempre apoyaron a Bolsonaro, como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
El apoyo al Gobierno del líder progresista también se vio por parte de organismos como la ONU, la Unión Europea, la Celac y la Alba.
La OEA convocó a una reunión extraordinaria con los miembros de los 34 países para estudiar los hechos ocurridos en Brasil y repudió las acciones “fascistas” causadas por los radicales, al tiempo que la Unesco se ofreció para ayudar a reparar los cuantiosos daños ocasionados.
RESPALDO INSTITUCIONAL
El apoyo al Ejecutivo por parte de los poderes Judicial y Legislativo, así como de otras instituciones del país fue inmediato y se evidenció desde el mismo día de los ataques con las acciones que ayudaron a recuperar el control.
En la noche del lunes, Lula, miembros de la Corte Suprema, el Congreso y varios gobernadores atravesaron juntos la plaza de los tres poderes, desde el Palacio presidencial de Planalto hasta la sede del Supremo, en un simbólico acto de defensa a la democracia del que hicieron parte hasta parlamentarios contrarios a Lula, como el presidente de la Cámara, Artur Lira.
Hasta el momento se han abierto siete investigaciones y más de 1.800 personas han sido detenidas en la última semana por los ataques del domingo, entre ellas Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y que para la fecha de los actos era el responsable de la seguridad de la capital brasileña.
BOLSONARO ACORRALADO
El expresidente brasileño, que desde finales del año pasado está en los Estados Unidos, entró desde el viernes en la mira de las autoridades, por la decisión de la Corte Suprema de investigarlo por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.
Bolsonaro, que durante sus cuatro años de Gobierno arremetió contra el máximo tribunal y ha cuestionado la eficacia del sistema electrónico de votación, al que acusa de fraudulento sin prueba alguna, fue vinculado a las investigaciones por un video que publicó por las redes sociales dos días después de los vandálicos actos.
El video, que minutos después retiró de las plataformas, pero que en segundos ya había sido difundido por sus fervientes seguidores, siembra dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones.
Bolsonaro es investigado además en otros cuatro procesos penales abiertos en el Supremo, pero todos ellos están en la fase inicial y no se han presentado cargos en su contra.
SITUACIÓN DEL EXMANDATARIO PUEDE EMPEORAR
Con el arresto de Torres, el sábado, las cosas se pueden complicar para el exmandatario.
La orden de arresto para el exministro de Bolsonaro fue impartida por Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema que señaló que las conductas de Torres fueron “gravísimas”, que “ponen en riesgo” al presidente Lula y que “su omisión quedó ampliamente comprobada por la previsión de la conducta de los grupos criminales”.
A la acusación de posible omisión se suma un polémico documento encontrado en su residencia.
Se trata del borrador de un decreto presidencial que habría permitido al ahora expresidente Bolsonaro intervenir la justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Lula.
Expertos han señalado que Torres puede entrar en negociaciones con la justicia y delatar cosas del exmandatario derechista a cambio de beneficios.