La entidad que regenta Eduardo Leblanc busca esclarecer si se han vulnerado los derechos de la población.
La Defensoría del Pueblo informó que mantiene seguimiento a cinco municipios: Taboga, San Carlos, Arraiján, San Félix y Colón por el supuesto cobro ilegal de ingreso a sus playas
En un comunicado, destacó que dio un plazo de cinco días hábiles para que los municipios respondan algunas interrogantes sobre el fundamento legal de dicha medida.
Según el director de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Julio De Gracia, la institución da continuidad a una queja presentada por presunta vulneración del derecho al Orden Jurídico y solicita dar respuesta como lo establece el Artículo 27 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997.
El plazo para responder las preguntas formuladas por la Defensoría del Pueblo, vence el próximo martes 24 de enero aseguró De Gracia.
La entidad comunicó que se mantendrá vigilante para determinar si existe o no una vulneración a los derechos humanos de la población panameña.