Desde la muerte de George Floyd, mayo de 2020, muchas ciudades y pueblos han aprobado medidas para cambiar la forma de actuar de policías, incluidas leyes que obligan a distender los ánimos, limitan uso de la fuerza y prohíben las llaves de estrangulamiento.
Una investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta por parte de agentes de Memphis, Tennessee, el 7 de enero, está suscitando una atención renovada sobre el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos, sobre todo los jóvenes negros.
Desde la muerte de George Floyd en mayo de 2020, muchas ciudades y pueblos han aprobado medidas para cambiar la forma de actuar de los policías, incluidas leyes que obligan a distender los ánimos, limitan el uso de la fuerza y prohíben las llaves de estrangulamiento. En Washington, la Ley de Justicia Policial se aprobó en la Cámara de Representantes, pero se estancó en el Senado. Esta ley habría establecido una norma nacional sobre el uso de la fuerza por la policía y revisado la protección de la inmunidad calificada de los agentes.
En conjunto, siguen constituyendo la exigencia de mayor alcance en la historia del país para transformar la actuación policial. Pero la Corte Suprema señaló en dos fallos en octubre de 2021 que seguía a favor de la inmunidad calificada.
Esto es lo que sabemos sobre cuándo se justifica que los oficiales usen la fuerza letal.
¿En qué casos permite la ley usar la fuerza letal?
En 1989, la Corte Suprema creó un precedente que prevalece en la estrategia jurídica relacionada con esta cuestión, cuando encontró en Graham vs. Connor que al recurrir a la fuerza, la policía solo tiene que cumplir el criterio de lo que podría hacer un agente razonable.
“El cálculo de lo razonable debe tener en cuenta el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo —en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan con rapidez— sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación concreta”, escribió William H. Rehnquist, presidente de la Corte Suprema, en la opinión mayoritaria.
Entonces, ¿exactamente, qué significa ‘razonable’ en ese caso?
Según Sharon Fairley, quien fue fiscal federal y dirigió la Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago, este concepto puede dividirse en dos componentes básicos.
“La primera pregunta es: ¿era necesario el uso de la fuerza? Y la segunda pregunta: ¿La fuerza empleada fue proporcional a la amenaza?”, agregó.
El caso de Derek Chauvin, el policía blanco que fue condenado por dos cargos de asesinato, además de homicidio involuntario, por arrodillarse sobre Floyd, quien falleció en el encuentro, es un ejemplo.
“Según algunos de los testigos que subieron al estrado, el acto de tirarlo al suelo pudo considerarse razonable dadas las circunstancias”, dijo Fairley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Pero cuando Floyd dejó de ser una amenaza continua para el agente, fue entonces cuando dicho acto dejó de ser razonable”.
¿De qué manera han cambiado la actuación policial las imágenes de las cámaras corporales y los teléfonos móviles?
En otoño de 2014 se produjo un cambio radical, cuando un gran jurado de Ferguson, Misuri, decidió no acusar al agente Darren Wilson por el tiroteo en el que murió Michael Brown, un joven negro de 18 años. No había ninguna grabación del tiroteo y la familia de Brown pidió que todos los policías del país llevaran una cámara corporal.
Entonces, el gobierno de Obama se comprometió a financiar programas de cámaras corporales en todo Estados Unidos. En aquel momento, solo una docena de departamentos de policía utilizaban cámaras; en la actualidad, la cifra ronda los 10.000. Algunas investigaciones muestran una reducción estadísticamente significativa en el uso de la fuerza tras la utilización de cámaras corporales. Las cámaras también parecen reducir el número de quejas de los ciudadanos, quienes saben que sus acciones también se están grabando.
En 2021, al menos 34 estados y el Distrito de Columbia habían aprobado leyes relativas a la divulgación pública de las grabaciones de las cámaras corporales, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En Chicago, el video de la cámara del auto captó al oficial Jason Van Dyke disparando a Laquan McDonald, un adolescente negro, 16 veces en octubre de 2014. Los miembros del jurado vieron ese video en repetidas ocasiones y Van Dyke se convirtió en el primer agente de Chicago en ser condenado por asesinato en casi 50 años.
¿ El uso de la fuerza está estandarizado en todos los cuerpos policiales?
No, no hay normas nacionales. Hay cerca de 18.000 departamentos de policía en el país, un 80 por ciento de los cuales tienen 50 agentes o menos y cada uno tiene su propia política.
¿Se llega a acusar a los agentes? ¿Y se les condena?
Las acusaciones contra agentes suelen ser poco frecuentes, pero los fiscales han acusado a agentes que fueron grabados usando fuerza letal en varias ciudades.
El agente que disparó y mató a Philando Castile, un hombre negro de 32 años que conducía con su novia y su hija en un suburbio de Minnesota en 2016, quedó absuelto por el delito de homicidio involuntario. El agente, que disparó cinco veces a quemarropa a Castile, quien murió en el asiento de su auto estacionado, dijo que disparó su arma por temor a que Castile pudiera haber estado tratando de alcanzar un arma, un temor que era equivocado.
En Mineápolis, Chauvin no pudo defender sus acciones cuando alegó que la asfixia de Floyd fue el resultado de una decisión tomada en una fracción de segundo, porque las imágenes de video y los relatos de los testigos demostraron que siguió arrodillado sobre Floyd durante más de nueve minutos.
¿Los prejuicios raciales tienen algo que ver?
Los numerosos detractores de la norma de la fracción de segundo citan una larga serie de tiroteos policiales contra personas de raza negra. Sostienen que los prejuicios raciales implícitos llevan a los agentes a temer más el peligro potencial de los negros que el de los blancos en situaciones similares y que eso los lleva a utilizar la fuerza letal de forma desproporcionada contra los negros. Como la norma depende de la percepción de peligro del agente de policía, los críticos afirman que esta conduce a disparidades raciales.
¿Cuáles son algunos de los cambios propuestos?
Según un análisis de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales realizado por el New York Times, más de 30 estados han aprobado nuevas leyes de supervisión y reforma policial, más de 140 en total. Muchas de las leyes (que restringen el uso de la fuerza, revisan los sistemas disciplinarios, crean juntas civiles de revisión y exigen transparencia en los casos de mala conducta) otorgan a los estados mucha más influencia sobre las prácticas policiales que hasta ahora se dejaban en manos de los gobiernos locales. Algunos estados, como California, han cambiado incluso el criterio legal para determinar en qué casos los agentes pueden emplear la fuerza letal, pasando de “razonable” a “necesario”.
En muchos de los 18.000 departamentos de policía del país se han establecido políticas que prohíben o restringen el uso de la llave de estrangulamiento.
El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley federal de gran alcance en materia de supervisión policial, que no fue aprobado por el Senado.
¿Qué opina la policía?
La presión a favor de la reforma ha empezado a reducir las protecciones que la policía había cosechado a lo largo del último medio siglo y algunos de sus defensores sostienen que las nuevas normas podrían violar el derecho de los agentes a defenderse.
Los sindicatos policiales afirman que la norma de la decisión en fracción de segundo es esencial para mantener la seguridad de los agentes y del público.
En abril de 2021, un agente de Columbus, Ohio, disparó y mató a Ma’Khia Bryant, de 16 años, que, según un video grabado con una cámara corporal, empuñaba un cuchillo y había amenazado a dos niñas.
“Si un agente no actúa, hay muchas probabilidades de que una persona muera”, declaró Larry James, consejero general de la Orden Nacional de la Fraternidad de la Policía, en relación con el tiroteo.
“El agente tiene el deber de actuar para proteger la vida de otro ciudadano o la suya propia. Ese es el criterio por el que debe juzgarse a la policía, no el de quienes se dedican a criticar sus acciones después del hecho”, concluyó.