Desde 2020, ONPAR fortaleció su presencia en la provincia de Darién.
La viceministra de Gobierno y el viceministro de Asuntos Indígenas, Juana López y Ausencio Palacio, respectivamente, participaron como parte de la delegación panameña que sustentó el III Informe de la República de Panamá sobre la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En este sentido, la viceministra López manifestó que en materia de refugio, Panamá es hogar de 13 mil personas en búsqueda de protección internacional, mientras que la población refugiada reconocida está compuesta principalmente por personas de la región.
Señaló que la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), tomando en cuenta las disposiciones constitucionales y principios universales sobre los derechos que tiene todo ser humano que se encuentra en nuestro territorio, ha tomado medidas y acciones con la finalidad de garantizar los derechos de los solicitantes de la condición de refugio y refugiados reconocidos por el Estado panameño.
Adicionalmente, aclaró que si bien, la ley panameña establece algunos reglamentos para el acceso a becas para nacionales y refugiados, la educación constitucionalmente es gratuita tanto para nacionales como para cualquier otro niño, niña y adolescente que se encuentre en el territorio nacional. “Una cosa es no poder acceder a una beca y otra cosa es que el Estado panameño limite la educación a ningún niño, niña o adolescente”.
Por otra parte, el director de la ONPAR encargado, Lorenzo Hincapié, explicó que con la aprobación del Decreto N°5 del 2018 que modificó el sistema de refugio establecido en la legislación anterior de 1998, Panamá ha fortalecido el compromiso del país de garantizar la protección internacional porque también incorpora la persecución basada en el género como un motivo específico para el estatuto de refugiado.
Desde 2020, ONPAR fortaleció su presencia en la provincia de Darién para la atención de personas de interés residentes en la zona y aquellas personas que por la proximidad de los movimientos mixtos manifiesta un deseo de solicitar la condición de refugiado, añadió Hincapié.
En cuanto al acceso al trabajo, desde el 2019, Panamá otorga un permiso de trabajo para solicitantes del estatus de refugio admitidos a trámite con el cual se han beneficiado a 113 personas.
“El acceso a un trabajo formal para personas solicitantes de dicho estatuto es un paso fundamental para encontrar soluciones duraderas desde su llegada a Panamá, y les permite hacer sus vidas, ser autosuficientes y aportar a su nueva comunidad”, acotó.
Por su parte, el viceministro de Asuntos Indígenas, Ausencio Palacio, destacó que en cuanto al cumplimiento de la consulta previa, libre e informada, Panamá cuenta con la Ley 37 de 6 de agosto de 2016 que obliga a todas las empresas, el Estado o cualquiera organización que quiera realizar proyectos dentro de los territorios indígenas comarcales deben cumplir con este proceso. Las consultas se hacen a través de los congresos locales, regionales y generales.
Respecto a las medidas adoptadas para los trabajadores en las comarcas indígenas, Palacio manifestó que se creó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, organismo donde se debaten las políticas públicas y se generan planes y proyectos para el sector originario del país; a su vez, se ha lanzado un Plan de Empoderamiento de la Mujer Indígena Panameña.
“El Gobierno está tratando de establecer esa política pública y también defendiendo los derechos, estableciendo protocolos para defender los derechos de los trabajadores en los territorios originarios, comarcas indígenas. Hay una manera de insertar los derechos de la población indígena del país en las legislaciones nacionales”, dijo Palacio.