La Justicia y el Gobierno no reconocen el fuero presidencial de Áñez, por lo que se le procesa por la vía ordinaria, situación que ha sido denunciada por ella y su defensa ante distintas instancias internacionales.
El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, aseguró en una entrevista con EFE que no habrá consecuencias contra Bolivia por los procesos penales contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, mismos que se siguen por la vía ordinaria y no por el canal de un juicio de responsabilidades.
Áñez afronta al menos tres acusaciones por acciones que tomó durante su gestión (2019-2020), como una designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), la muerte de civiles en la llamada masacre de Senkata y otra por la venta de Jet-Fuel a menor precio para vuelos internacionales durante la pandemia.
A esto se suman los procesos “golpe de Estado I”, en la que está acusada de terrorismo, y “golpe de Estado II”, por la que fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes al situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial, luego de la renuncia de Evo Morales y otras autoridades en la crisis de 2019.
La Justicia y el Gobierno no reconocen el fuero presidencial de Áñez, por lo que se le procesa por la vía ordinaria, situación que ha sido denunciada por ella y su defensa ante distintas instancias internacionales.
En ese sentido, el ministro Lima manifestó “con total seguridad” que “no va a haber ninguna decisión (en instancias internacionales) contra el Gobierno de Bolivia”, al no seguir los procesos por la vía ordinaria en lugar del canal de juicio de responsabilidades con autorización parlamentaria.
LA DOBLE INSTANCIA
“Tenemos que optar por la vía que garantice un debido proceso, la doble instancia, la posibilidad de defensa” de las víctimas, señaló el ministro de Justicia.
Según Lima, los procesos ordinarios contra Áñez no tratan sobre su condición de exmandataria, sino sobre la ausencia del derecho a una “doble instancia” en el juicio de responsabilidades y esto contradice al Pacto de San José sobre los derechos humanos.
En la Constitución boliviana de 2009 se reconoce el juicio de responsabilidades como “única instancia” de juzgamiento, sin apelación, algo que se contrapone al Pacto de San José que reconoce el derecho “recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.
El ministro aseguró que ante una hipotética sentencia en juicio de responsabilidades es susceptible a una anulación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que ya ha advertido la defensa de Áñez en caso de que no se efectúe un juicio de responsabilidades.
También admitió que la decisión de recurrir a la vía ordinaria en los procesos contra Áñez se debió a una “reconducción estratégica” de los procesos como el de Senkata, a pesar de que el Ministerio de Justicia impulsó la proposición acusatoria en la Fiscalía para que esa instancia propusiera el juicio de responsabilidades al Parlamento.
“El tiempo nos ha dado la razón, aquí hay un acuerdo de impunidad. Ni Camacho ni Mesa van a permitir que haya juicio de responsabilidades”, dijo Lima.
El proyecto de ley sobre un juicio de responsabilidades no prosperó en la Cámara de Diputados ante la falta del voto de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, y de Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El ministro dijo que a raíz de esto se optó “por un camino jurídico que garantice justicia” a las víctimas de la llamada masacre de Senkata en El Alto, en la que murieron al menos una decena de civiles en las protestas contra Áñez.
La ONU, Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones internacionales han cuestionado que a Áñez se le procese por la ordinaria y no en un juicio especial de responsabilidades.
Ante esto, Lima aseguró que quienes opinan desde fuera del país lo hacen porque “no tienen información suficiente” sobre el caso contra la exmandataria interina y señaló que más adelante habrá “sorpresas” en los criterios que surjan a nivel internacional.
“Estamos yendo por el camino correcto, asumo total responsabilidad y todas las consecuencias de esta decisión”, finalizó el ministro de Justicia.