Presentó una serie de recomendaciones.
Tras inspeccionar 258 centros educativos a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo entregó al Ministerio de Educación (MEDUCA) sus recomendaciones entre las que se menciona priorizar que todos los centros educativos, cuenten con los servicios públicos de calidad (agua potable, energía eléctrica e internet), fortalecer las competencias administrativas de los directores/as de los centros educativos a nivel nacional, sobre el manejo y utilización de los recursos obtenidos a través del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE.
Igualmente, instó al MEDUCA destinar los recursos presupuestarios, para que el viceministerio de Infraestructura, desarrolle nuevos proyectos y/o brindarles los mantenimientos adecuados a las estructuras existentes; así como nombrar en los centros educativos que se requiera, personal con conocimiento en administración para su óptimo funcionamiento; a su vez la contratación de: ayudantes generales, trabajadores sociales, psicólogos y especialistas en dificultades de aprendizaje, para la conformación de personal idóneo que pueda atender a los estudiantes de manera integral, en los planteles que no cuenten con ello.
En cuanto a la atención a niños, niñas y adolescentes es imperante adaptar los accesos a los centros educativos para los niños con discapacidad, teniendo como norte la educación inclusiva; construcción de más aulas con capacidad para lograr la integración de los niños y niña con discapacidad, ya sea en la primera infancia como en la niñez y adolescencia, a fin que no tengan que trasladarse grandes distancias para recibir educación; sensibilizar a directores y docentes, de forma que se logre una inclusión real en los colegios y se le brinde el personal necesario para realizar los ajustes razonables y atender a los niños y niñas de edades tempranas con estimulación precoz, con infraestructura y con recursos humanos para una verdadero desarrollo de los mismos cuando entran a la escuela.
Con respecto a la Escuela Vocacional Especial, es prioritario la construcción de la parada para que los niños puedan asistir y no perder clases, el cual ha sido incluido como proyecto en el Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, aún no se le asignado partida presupuestaria; a su vez es imperante que se continúe fortaleciendo las Escuelas Vocacionales inclusivas, así como la construcción de una Escuela Vocacional y el Programa de Estimulación Precoz PEP, en la región de Panamá Este.
En torno a la seguridad, es prioritario coordinar con el Ministerio de Seguridad que se generen verdaderos sistemas y políticas de seguridad en apoyo al Ministerio de Educación, reforzando la labor del celador e involucrando a los líderes comunitarios con programas de vecinos vigilantes para que cuiden las escuelas en conjunto con la Policía Nacional.
Por otro lado, encomienda a la entidad regente de la educación a exigir a las empresas adjudicatarias de los proyectos, la entrega oportuna, con las características y en las cantidades estipuladas, de los bienes o servicios solicitados a través de contratos o en su defecto ejecutar fielmente las fianzas de cumplimiento, con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado; así como hacer un llamado a la Cámara Panameña de la Construcción, de la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y demás gremios a que sensibilicen a sus agremiados en cuanto al gran número de obras y contratos no terminados.
La Defensoría del Pueblo expresó además que la Dirección General de Contrataciones Públicas DGCP, a través del portal de Panamá Compras, debe seguir depurando y castigando a las empresas irresponsables que entregan productos de mala calidad con sobreprecios y/o abandonan las obras que le han sido adjudicadas.