El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) explicó que MPSA, filial de First Quantum, presentó el lunes la solicitud de suspensión de 4.051 contratos argumentando “caso fortuito o fuerza mayor” derivada de la “suspensión de actividades del puerto Punta Rincón”.
El Ministerio del Trabajo de Panamá informó ayer martes que, rechazó una solicitud de suspensión de los contratos laborales de 4.051 trabajadores de la mina Cobre Panamá, presentada por filial de la canadiense First Quantum Mineral que explota el yacimiento y mantiene una controversia contractual con el Estado.
La cartera de Trabajo dijo en un comunicado que aplicando el Código de Trabajo procedió “a rechazar de plano la solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo presentada” por Minera Panamá S.A., (MPSA).
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) explicó que MPSA, filial de First Quantum, presentó el lunes la solicitud de suspensión de 4.051 contratos argumentando “caso fortuito o fuerza mayor” derivada de la “suspensión de actividades del puerto Punta Rincón”, donde se embarca el mineral para su exportación.
El argumento de la empresa está amparado en el Código de Trabajo, que también señala que “durante la tramitación de pliegos de peticiones” como los presentados en diciembre pasado por los sindicatos de la mina, “todos los despidos y/o suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo deberán tener autorización judicial”.
La figura de suspensión de contrato, que no implica la terminación de la relación laboral, pero sí interrupción del pago de salarios y otros beneficios hasta que se retomen las labores, se aplicó de forma masiva en Panamá durante la emergencia por la pandemia de la covid-19.
First Quantum informó el jueves pasado, que dejó de procesar cobre en la mina debido a que no puede embarcar el mineral, y anunció, entonces, planes para “desmovilizar parcialmente más de 8.000 empleados y contratistas”.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó suspender a finales de enero pasado mediante una resolución el embarque del cobre, como parte de las medidas que ha tomado el Gobierno en el marco de la controversia contractual, incluida la orden de suspender las operaciones de la mina dictaminada en diciembre de 2022 y que la minera ha objetado ante las correspondientes.
El Gobierno y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no ha llegado a materializarse con una firma, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el cierre de las operaciones de la mina en diciembre pasado.
El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica.
La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019. Representa el 45 % de la producción total de FQM, que explota otros yacimientos en varios países, de acuerdo con información pública.
Cobre Panamá “contribuye con alrededor del 5 % del PIB de Panamá, constituye el 75 % de la exportación de bienes del país y ha creado, en base a estimados de MPSA, al menos 40.000 empleos, directa e indirectamente”, ha reiterado la empresa.