Como pena accesoria, el tribunal le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá pagar en el lapso de 24 meses al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal, lo cual equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado.
Un exsecretario privado de la Presidencia de la República del periodo 2009-2014, en su calidad de autor del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, fue declarado penalmente responsable hoy, a la pena de 120 meses de prisión, por parte del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Como pena accesoria, el tribunal le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá pagar en el lapso de 24 meses al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal, lo cual equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado.
En la sentencia condenatoria n.° 3 de 10 de marzo de 2023, el juzgado declaró probado que el sentenciado era el beneficiario final de altas sumas de dinero que les fueron entregadas, en su mayoría en efectivo, las cuales procedían del delito de corrupción, producto de proyectos estatales.
Además, determinó que es responsable penalmente del delito de blanqueo de capitales por cuanto recibió dinero de manera personal a través de terceros e interpuestas personas con pleno conocimiento de su origen ilícito, utilizando para ello distintas modalidades que le permitieron disimular el origen de los fondos y ayudar a eludir las consecuencias del hecho delictivo precedente.
La sentencia se fundamenta en los artículos 43, 68, 79, 254, 255 y CC. del Código Penal; 2410 y CC. del Código Judicial; la Ley # 14 de 28 de octubre de 1976, mediante la cual se aprueba el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y Ley # 15 de 28 de octubre de 1977, mediante la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
La investigación, que consta de 369 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y se refiere a la sociedad anónima denominada “Blue Apple” que, presuntamente, fue creada con el propósito de recibir dinero de coimas y sobornos provenientes de contratos con el Estado.