Según activistas y sociedad civil, hay una serie de hechos que evidencian que los mecanismos y el control institucional no cumplieron en intervenir y actuar de forma oportuna y eficiente.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yanina Mosquera, durante una audiencia realizada este jueves 30 de marzo de 2023, resolvió petición de reapertura de una investigación archivada provisionalmente por parte del Ministerio Público, por el supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, omisión e infracción de los deberes de servidores públicos.
En la audiencia, la jueza de garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, consideró que no se observan elementos para considerar la reactivación del proceso, verificándose la no existencia del delito denunciado en su momento. Por lo que no se accedió a ordenar la reapertura de la investigación.
Participaron de este acto de audiencia en representación del Ministerio Público, el fiscal Jacinto Pérez; y la denunciante Dayana Bernal. Mientras que las instituciones como el Ministerio de Salud (MINSA), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entre otras, enviaron a los representantes de sus oficinas de asesoría legal.
Esta causa inició el 4 de marzo del 2022, cuando diversos grupos de la sociedad civil, interponen una denuncia ante el Ministerio Público, con el fin de que se abra una investigación para examinar las acciones que se han dado en el caso de la menor de ocho años que resultó embarazada tras el abuso sexual cometido por un familiar, que ya está cumpliendo una sanción de prisión.
En su momento, las activistas mencionaron en un comunicado que frente a las situaciones de violencia y abuso sexual que enfrentan niñas y adolescentes a diario en nuestro país y que definen un panorama de violencia estructural, “se evidencia la tortura a la que se someten a miles de menores y adolescentes obligándolas y forzándolas a mantener un embarazo, producto de estos hechos que no sólo atentan contra la seguridad emocional, psicológica y la dignidad humana, obviando por completo el interés superior del menor, sino que además, son revictimizadas y se prolonga el ciclo de la pobreza, la marginación y la exclusión, ampliando el espectro y situación de vulnerabilidad de la niñez panameña”.
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