Voces del Sur, que aglutina a organizaciones que defienden la libertad de prensa y expresión, dio cuenta en la misma publicación que “la Fiscalía de El Salvador solicitó una nueva detención contra el periodista comunitario Víctor Barahona”.
La red latinoamericana de organizaciones Voces del Sur pidió ayer miércoles al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, un alto al “acoso y hostigamiento” contra la prensa crítica.
“Pedimos nuevamente a Nayib Bukele que disponga el cese del acoso y hostigamiento desde el Gobierno contra la prensa y el periodismo crítico”, publicó el ente en redes sociales.
Voces del Sur, que aglutina a organizaciones que defienden la libertad de prensa y expresión, dio cuenta en la misma publicación que “la Fiscalía de El Salvador solicitó una nueva detención contra el periodista comunitario Víctor Barahona”.
El mensaje fue acompañado con un comunicado de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en que denunció que Fiscalía pidió a un corte que sea detenido nuevamente el periodistas comunitario, quien estuvo preso casi un año por el régimen de excepción vigente desde 2022 y que denunció atropellos en su contra.
La APES condenó la actuación del tribunal, que ordenó realizar una audiencia para revisar la libertad condicional otorgada a Barahona, y de la Fiscalía.
Catalogó estas acciones como un “acto que busca silenciar al periodista Víctor Barahona, quien hace dos semanas hizo público las vulneraciones de derechos humanos de las cuáles fue víctima al interior de los penales”.
El pasado 11 de julio, la APES denunció públicamente la detención arbitraria de Barahona, quien estuvo preso por más de 11 meses y que habría sufrido torturas.
Indicó en un comunicado que “durante 11 meses y 12 días, Barahona permaneció en condiciones de hacinamiento, tortura y sin acceso a atención médica” en diversas prisiones.
El Congreso salvadoreño, por solicitud del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó dicho régimen en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, en el que las organizaciones humanitarias han denunciado al menos 5.490 detenciones arbitrarias de personas sin relación con estas bandas.