El organismo “trabaja para fortalecer la resiliencia de las personas vulnerables, a través de un enfoque participativo e inclusivo en el que, junto a las comunidades, autoridades locales y voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, se construyen soluciones para reducir su exposición al riesgo”, dice el escrito.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ayudó a 344.512 víctimas de la violencia armada en Venezuela, con una “respuesta integral” a sus “necesidades más urgentes”, durante los primeros seis meses de 2023, según el informe semestral de la organización difundido este miércoles.
Las acciones del CICR beneficiaron “directamente a 344.512 personas afectadas por la violencia armada” en Caracas, en los estados cercanos de Aragua y Miranda, así como en los fronterizos Táchira, Apure, Zulia y Bolívar.
El organismo “trabaja para fortalecer la resiliencia de las personas vulnerables, a través de un enfoque participativo e inclusivo en el que, junto a las comunidades, autoridades locales y voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, se construyen soluciones para reducir su exposición al riesgo”, dice el escrito.
Asimismo, el cuerpo de ayuda apoyó estrategias para “mitigar las consecuencias humanitarias de la violencia armada”, entre las que mencionó la pérdida del contacto familiar, “el difícil acceso a recursos esenciales como agua, salud y seguridad económica, entre otras”.
Sobre la asistencia brindada, el informe destacó que el CICR distribuyó 20,9 toneladas de insumos médicos en 30 centros de salud e hizo mejoras en la infraestructura de ocho edificaciones, entre las que resaltan hospitales y centros penitenciarios.
Además, trabajadores del comité visitaron a 10.216 personas que se encuentran recluidas en nueve centros de detención preventiva, civiles y militares, una población a la que entregaron 13.600 kits de higiene personal.
Un total de 1,4 millones de personas recibieron algún tipo de ayuda en Venezuela durante el primer semestre de 2023, procedente de las distintas organizaciones nacionales e internacionales que operan en el país, según los cálculos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).