Creyeron que había terminado, que podían dejarlo atrás. Bastaba con que Hunter Biden se presentara al juzgado, respondiera unas cuantas preguntas, firmara unos documentos y asunto terminado. No es que los republicanos lo fueran a dejar pasar, pero cualquier peligro real habría pasado.
Sin embargo, no fue así. La investigación penal que los asesores del presidente Joe Biden creían que casi había terminado se ha reavivado con el fracaso del acuerdo de culpabilidad y el nombramiento de un fiscal especial que ahora podría llevar al hijo del presidente a juicio.
Lo que había sido un doloroso escándalo político pero contenido hasta cierto punto, y alentado sobre todo por la derecha partidista, podría prolongarse ahora durante meses, justo cuando el presidente se prepara para su campaña de reelección. Esta vez, puede que a la Casa Blanca le cueste más trabajo desestimar las interrogantes sobre la conducta de Hunter Biden con el argumento de que tienen motivaciones políticas. Incluso puede que salgan del entorno cerrado de los conservadores y lleguen al público en general, que hasta ahora no les había prestado demasiada atención.
No había certeza respecto a si Hunter Biden se enfrentaba a la posibilidad de ser acusado de cometer delitos penales más allá de los cargos fiscales y por posesión de arma de fuego presentados contra él por David Weiss, el fiscal que el procurador general del presidente Donal Trump nombró en 2018 para investigarlo. Puede que la decisión del procurador general Merrick Garland de designar a Weiss como fiscal especial con más independencia para dirigir la investigación signifique que todavía existen más peligros legales potenciales derivados de los negocios de Hunter Biden con firmas extranjeras.
Sin embargo, a la larga puede ser menos de lo que parece. El anuncio de Weiss de que abandona el acuerdo de culpabilidad al que había llegado con Hunter Biden sobre los cargos fiscales y de posesión de arma de fuego significa que podría llevar el caso a juicio en otros estados distintos de Delaware, donde es fiscal federal y tiene jurisdicción. Algunos analistas especularon que la solicitud del estatus de fiscal especial podría tener el trasfondo de facultarlo para enjuiciar a Hunter Biden en otro estado.
El anuncio parece más un tecnicismo para permitirle a Weiss presentar cargos fuera de Delaware ahora que se han roto las negociaciones entre las partes”, dijo Anthony Coley, quien hasta hace poco se desempeñó como director de asuntos públicos del Departamento de Justicia encabezado por Merrick Garland. “Tendrá un impacto práctico limitado”, agregó.
Incluso si así fuera, un juicio por un jurado de los compañeros de Hunter Biden sería un espectáculo que podría resultar molesto y embarazoso para la Casa Blanca, además de proporcionar más material a los republicanos. Los asesores del presidente estaban frustrados por ello y resignados a meses de tormento adicional, aunque no les alarmara la perspectiva de una investigación más extensa.
Tras cinco años de investigar los negocios de Hunter, parece poco probable que Weiss descubra muchas cosas nuevas”, dijo David Axelrod, quien fue asesor principal del presidente Barack Obama. “Por otro lado, cualquier cosa que llame más la atención sobre el caso de Hunter y extienda la historia al año de campaña es sin duda una noticia no deseada para el equipo del presidente”.
Por sí mismo, el nombramiento de Weiss como fiscal especial por parte de Garland no resolvió parte del problema que pretendía solucionar. La designación de un fiscal especial está destinada a aislar una investigación de la política, pero, de cualquier manera, la decisión del procurador general provocó las críticas de los republicanos que se burlaron de la elección de Weiss porque había firmado el acuerdo de culpabilidad original, que habían descrito como un “acuerdo favorecedor”.
Poco importó que Weiss fuera un funcionario designado por el gobierno de Trump al que el gobierno de Biden mantuvo en el cargo para demostrar que no estaba intentando favorecer al hijo del presidente en el caso. Como a Trump y a sus aliados no les gustó el aparente resultado de la investigación, algunos han descrito a Weiss como un lacayo del gobierno de Biden y han exhibido a denunciantes que decían que el fiscal tenía las manos atadas a pesar de que él insistía en que no era así.
Esta medida del procurador general Garland forma parte de la labor del Departamento de Justicia por intentar encubrir a la familia Biden”, dijo el representante de Kentucky James Comer, presidente republicano de la Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, que ha dirigido las investigaciones del Congreso sobre el hijo del presidente.
Esos ataques también sirven para desacreditar a Weiss de antemano si al final no confirma sus acusaciones infundadas de corrupción contra la familia Biden. Testimonios y noticias han señalado que Hunter Biden utilizó su nombre para hacer dinero y un antiguo socio comercial ha dicho que su padre estaba enterado. Pero no ha aparecido ninguna prueba de que el presidente se beneficiara personalmente o utilizara su poder para favorecer los intereses empresariales de su hijo.
Para la Casa Blanca, el anuncio que el procurador general hizo durante la tarde del 11 de agosto fue una sorpresa desagradable, un cambio radical con respecto a hace apenas siete semanas, cuando el equipo del presidente pensaba que todo cambiaría con el acuerdo entre Hunter Biden y Weiss para declararse culpable de dos delitos fiscales menores y aceptar un programa de justicia alternativa para desestimar un cargo de posesión ilegal de armas.
El equipo de Biden se sintió bastante aliviado de que cinco años de investigación no condujeran a nada más grave.
Pero cualquier sensación de alivio fue prematura. Cuando Hunter Biden se presentó ante el Tribunal de Distrito de Wilmington, Delaware, el 26 de julio para formalizar el acuerdo, éste se deshizo en pocas horas bajo el interrogatorio del juez. El meollo del asunto era una discrepancia sobre el significado del acuerdo. Hunter Biden y sus abogados pensaban que ponía fin a la investigación, mientras que los fiscales dejaron claro que no era así.
Los abogados de Hunter Biden querían tener la certeza de que una declaración de culpabilidad pondría fin al asunto, dado que Trump ha prometido enjuiciarlo si es elegido presidente. Pero como Weiss reveló el viernes, las negociaciones posteriores destinadas a limar asperezas se estancaron, lo que hace casi seguro que el siguiente paso sea un juicio y facilita las cosas a los republicanos que intentan desviar la atención de las tres acusaciones formales contra Trump.
Por supuesto, los casos no tienen comparación
Hunter Biden nunca fue presidente y nunca lo será, e incluso las pruebas más condenatorias contra él no equivalen a intentar anular unas elecciones democráticas para aferrarse al poder. Pero a los republicanos les ha resultado una estrategia útil quejarse de lo que llaman un “sistema judicial de doble rasero”.
Tres cuartas partes de los republicanos creen que el hijo del presidente recibió un trato preferente en el acuerdo de culpabilidad, en comparación con el 33 por ciento de los demócratas, según una encuesta realizada por Reuters e Ipsos en junio. Pero la mayoría de los votantes indicó que creía que Biden estaba “siendo un buen padre al apoyar a su hijo” y solo el 26 por ciento dijo que era menos probable que votara por él debido a los problemas legales de Hunter.