Declaración instando a la no politización de la justicia en Colombia

Declaración instando a la no politización de la justicia en Colombia
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, 2002-2006 y 2006-2010. Foto, Ruperto Miller R.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, con vistas a lo señalado permanezca vigilante del presente caso, y al objeto de que se le garanticen al expresidente Uribe sus derechos humanos y especialmente su derecho al debido proceso.

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), al ratificar nuestro compromiso con la defensa de la independencia de la justicia como garantía del Estado constitucional y democrático de Derecho y de la tutela efectiva de los derechos humanos, tenemos presente que el pasado 8 de mayo, en declaración nuestra sobre Colombia, hicimos constar nuestra preocupación ante “el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la Justicia, en una suma de comportamientos que afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa como lo es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho tal como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana.

En este sentido, causa preocupación que, pese a que la fiscalía general de la Nación de Colombia, argumentando la ausencia de pruebas que validan la inocencia y la honorabilidad del expresidente Álvaro Uribe, ha solicitado a los jueces la preclusión del proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ha rechazado dicha solicitud.

Colombia ha sido un país de instituciones sólidas e independientes. No puede obviar, en tal orden, tal y como consta en la Declaración de Burdeos, que “la independencia del Ministerio Público constituye un corolario imprescindible de la independencia del poder judicial (…) La independencia del Ministerio Público, es imprescindible para permitirle cumplir su misión (…) la independencia que debe reconocerse al ministerio público, no constituye una prerrogativa o un privilegio concedido en interés de sus miembros, sino una garantía para una justicia equitativa, imparcial y eficaz que protege los intereses públicos y privados de los personas afectadas”.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que, con vistas a lo señalado permanezca vigilante del presente caso, cuyo expediente ha sido publicado por medios de comunicación colombianos, y al objeto de que se le garanticen al expresidente Uribe sus derechos humanos y especialmente su derecho al debido proceso.

Firmada por:

Óscar Arias, Costa Rica; José María Aznar, España; Nicolás Ardito Barletta, Panamá; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Iván Duque, Colombia; Vicente Fox, México;  Federico Franco, Paraguay; Eduardo Frei, Chile; César Gaviria, Colombia; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle H, Uruguay; Mauricio Macri, Argentina;  Jamil Mahuad W., Ecuador; Carlos Mesa G., Bolivia; Lenin Moreno, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana, Colombia; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Sebastián Piñera, Chile; Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Juan Carlos Wasmosy, Paraguay; y Asdrúbal Aguiar, secretario general de IDEA.

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