El gremio apuntó que el país requiere que en estos momentos se respete la institucionalidad democrática y no provocar vacíos constitucionales
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha sido, desde su fundación en 1958, baluarte de la democracia, la institucionalidad, el estado de derecho y la libre empresa. Ante la situación de crisis que vive el país, acrecentada en los últimos días por la aprobación de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, APEDE solicita el respeto al derecho ciudadano de expresarse de manera pacífica y sin alterar el orden público y rechaza que manifestaciones legítimas sean aprovechadas por facinerosos y delincuentes para cometer delitos.
Los incidentes que se han dado en la ciudad de Panamá y en otros puntos del país, son el sentir de la población ante el desgaste de la gestión gubernamental. La protesta pacífica no solo es un derecho, sino que debe ser defendida. Sin embargo, rechazamos los actos que han condicionado la situación que actualmente se vive, y solicitamos que quienes se manifiestan lo hagan de manera pacífica y sin alterar el orden público.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a que de manera inmediata actúe en contra de quienes hoy impiden el libre tránsito en el país, realizan actos vandálicos en contra de la propiedad privada y pública, fomentan las protestas violentas y realizan actos delincuenciales en contra de la población panameña y que les caiga todo el peso de la Ley.
El derecho a expresión no es razón para que grupos de inescrupulosos atenten contra la paz y la sana convivencia de la sociedad panameña.
Ante la situación actual y que tiene como eje de discusión el Contrato entre el Estado y Minera Panamá, APEDE propone que se hagan las siguientes acciones:
1. Instar a la Corte Suprema Justicia a que, con base a derecho y a las normas legales vigentes, considere la admisión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 y que, en derecho, estudie y se pronuncie, dentro de los términos que impone la Ley, sobre el fondo de estas demandas.
2. Presentar cuanto antes, ante la Asamblea Nacional, una ley de moratoria de concesiones de recursos metálicos, para que primero, no se otorguen más
concesiones de exploración y explotación en la República de Panamá, hasta tanto se haga una exhaustiva revisión del Código de Recursos Minerales.
3. Iniciar cuanto antes, la revisión y actualización del Código de Recursos Minerales que data de 1963. Esta acción permitirá contar con un marco legal
cónsono con las realidades actuales para la extracción de minerales metálicos y no metálicos en el territorio nacional y la preservación del medio ambiente.
El país requiere que en estos momentos se respete la institucionalidad democrática y no provocar vacíos constitucionales para que, de una manera democrática e institucional, avancemos como Nación y redirijamos al país hacia los senderos de desarrollo social y económico.