Acusan al magistrado Manuel Mata Avendaño de violar el debido proceso en este caso
Un recurso de hecho figura como la última acción legal presentada por el expresidente Ricardo Martinelli en la búsqueda de tumbar la condena en su contra en el denominado caso New Business.
Carlos Carrillo, defensa legal del exgobernante impugnó la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, Manuel Mata Avendaño, que envió al resto de los magistrados la apelación contra la condena de 10 años y medio aplicada al exmandatario.
El jurista alega que se violó el debido proceso al remitir a la defensa “copias incompletas” del expediente, lo que les impidió sustentar en debida forma la apelación contra la sentencia.
También acusan a Mata Avendaño, de no proporcionarles el expediente físico original, lo que a su juicio viola normas vigentes que regulan el debido proceso.
El recurso de hecho, a su vez, cuestiona el término de 15 días concedido por el magistrado para la apelación, y no un término sucesivo, como establece la ley.
Sobre estas presuntas violaciones al debido proceso, Mata Avendaño fue a su vez querellado penalmente ante el procurador Javier Caraballo por supuestos delitos contra la fe pública y asociación ilícita. Por ello, Martinelli reclama un resarcimiento económico de $20 millones.
Sus abogados advierten que la práctica procesal tribunalicia es muy clara y no presenta dudas con respecto a la obligación del juzgador de entregar el expediente original para su revisión y preparar el recurso de casación penal con las piezas procesales insertas en el original.
En tal sentido, acusan al magistrado de tomar un camino procesal distinto a lo que se exige procesalmente la ley.
A principios de diciembre, la defensa legal del expresidente panameño presentó un recurso de casación contra el fallo del pasado 17 de julio de 2023, expedido por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, que profirió una condena de 128 meses de cárcel y fijó una multa por $19.2 millones, por la comisión del delito de blanqueo de capitales relacionada a la investigación por la compra de editora Panamá América.
Corresponderá a la magistrada Ariadne García decidir sobre la admisibilidad del mismo, lo que debe darse en los próximos días.