La alcaldía de la ciudad exige $708 millones para cubrir esos costos
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó una demanda contra 17 compañías de autobuses chárter que durante cerca de dos años han transportado a migrantes desde Texas a la ciudad, y les exige $708 millones para cubrir los costes de su cuidado, reportó EFE.
“Nuestra administración presentó la demanda contra 17 empresas que participaron en el plan del gobernador Abbott para transportar decenas de miles de inmigrantes a la ciudad en un intento de abrumar nuestro sistema de servicios sociales”, indicó en un vídeo que acompaña al texto.
New York City has and will continue to do our part in the asylum seeker crisis. But we can't bear the costs alone — and we won't let those complicit in @GovAbbott's scheme get away with violating our state laws.
We’re seeking approximately $700 million from 17 charter bus… pic.twitter.com/e95D6I5V2M
— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 4, 2024
La acción legal surge, un día después de que el acalde de Nueva York advirtiera de las posibilidades para enfrentar la acción de las compañías de autobuses, que están llevando a los migrantes al vecino estado de Nueva Jersey para que desde allí viajen a Nueva York, y así evadir una orden ejecutiva de Adams que impone hora y días precisos para los viajes chárter de migrantes.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha enviado a unos 33,600 migrantes a Nueva York en los últimos 20 meses sin que las empresas que les transportan hayan pagado el coste de ese servicio, dijo Adams en un comunicado.
La demanda de Nueva York busca recuperar el dinero invertido hasta ahora en refugio, comidas y educación para los niños y otra asistencia que se les provee, así como el dinero que la ciudad gastará en los más de 65,000 inmigrantes que están bajo su cuidado y la inversión que hará en otros que sean transportados desde Texas en el futuro como parte del plan de Abbott.
Adams explicó que las compañías de transporte están violando la Ley estatal de Servicios Sociales que señala que las empresas que transportan intencionalmente a la ciudad personas que necesitan refugio y servicios como parte de un plan de mala fe deben pagar esos costes.