Hay que oponerse porque lo hizo el gobierno, consigna muy de moda entre los más diversos grupos de la sociedad panameña, sin tomar en cuenta que gobierno tras gobierno, tirios y troyanos, todos han aportado para bien o para no tan bien, a la construcción de esta patria de todos. Lo han hecho a través de sus diversos planes, programas y proyectos, durante los cinco años que desde el inicio de la nueva era democrática (y no solo), hemos venido tratando de consolidar para poner las bases de un Estado nacional, sólido, productivo y pujante.
Cada gobierno y grupo en el poder, durante los últimos 34 años ha dado su aporte, con sus propias características, virtudes y defectos. Lo cierto es que Panamá se encuentra en una posición ventajosa con respecto a la mayoría del continente en cuanto a la generación de riquezas, crecimiento y proyecciones positivas hacia el futuro. Enfrentamos la pandemia y superamos con grandes sacrificios. También enfrentamos y superamos la revolución de los inútiles.
Pasada la euforia y las tonadas triunfalistas de quienes piensan que han sepultado para siempre a la industria minera en Panamá y al mejor contrato firmado en el planeta entre empresa minera alguna y Estado en funciones, ya se empiezan a escuchar las voces del arrepentimiento de quienes despertando de la histeria colectiva, se van dando cuenta del menudo enredo y sepultamiento al que han sometido a la República de Panamá, sus finanzas, su brazo productivo, su producto interno bruto, su seguridad social y las condiciones de empleos dignos y bien remunerados que teníamos antes de la tal “revolución”.
Los escenarios que se presentan involucran, entre otras cosas, los llamados arbitrajes, en los cuales la emoción impresa desde la televisora del principal interesado en adueñarse del proyecto y de los proyectos mineros en un futuro a corto y mediano plazo, sencillamente no funciona. Tampoco funciona en los arbitrajes cantar tamboritos, décimas ni cerrar las calles aledañas a la Corte Suprema de Justicia ni de las empresas genuinamente constituidas, impidiendo violentamente el paso de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, proveedores o de cualquier ser humano que necesite acceder a las instalaciones de esas empresas privadas.
Tampoco funciona el que las autoridades de policía se hagan de la vista gorda y patrocinen, con su indiferencia, a esos grupos quienes, sin leer una página del contrato en discusión, cercenan las libertades individuales consagradas también en la Constitución que dicen defender.
Cual tontos útiles, para lo único que han sido provechosos esos “revolucionarios”, ha sido para garantizar que quienes sin haber invertido un centavo en estudios ni exploración y menos en desarrollo, compra de equipos, edificación e instalación de plantas de procesos, lleguen alegremente, cambiando el discurso y digan: “Nos equivocamos, nos precipitamos, pero ahora ya sabemos cómo funciona esa denigrada y difamada industria y ya podemos, en una asociación público privada, hacernos del proyecto y explotar los yacimientos como nosotros queremos. Ah, y por la plata no se preocupen que nosotros los patrones, tenemos suficiente”.
Cuando se dé ese escenario, algunos se van a beneficiar. Pero el daño a Panamá tomará mucho tiempo resarcirlo. Solo el cierre ordenado de la mina es todo un tema lleno de especialidades técnicas que no se estudian ni en las redes ni en los sindicatos ni asociaciones de vagos ni en vacíos programas de opinión. Allá nos vemos. Acta non verba. Hechos, no palabras.