Ante la emergencia, el gobierno argentino deportó en forma expedita a las esposa y tres hijos del narcotraficante para evitar un largo juicio
El miércoles 17 de enero, unas horas después de que el fiscal de Guayaquil, le manifestara a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, su preocupación por la presencia de la esposa y otros cuatro familiares del narco ecuatoriano José “Fito” Macías, líder del cartel Los Choneros, en la Argentina, César Suárez fue acribillado a balazos.
El diario argentino Clarín informó este domingo que, tras esa charla con Bullrich, Suárez le hizo llegar copia del memorando enviado al presidente Daniel Noboa para iniciar la investigación sobre la situación judicial de la ciudadana ecuatoriana Inda Mariela Peñarrieta Tuárez. Se trataba de la esposa de Macías, esposa de Fito, que había pasado rápidamente de enfermera a millonaria.
A penas se filtró el memo en Ecuador, Suárez fue acribillado a tiros en una calle de Guayaquil. Con Suárez ya son siete los fiscales asesinados en ese país asolado por los narcos. Bullrich quedó conmovida por la noticia y no lo podía creer, contaron a Clarín fuentes gubernamentales.
Luego de la fuga de 40 narcotraficantes de las cárceles ecuatorianas y de una ola de atentados, Noboa decreto un “conflicto armado interno”, impuso estado de excepción y toque de queda.
Durante los primeros 11 días de guerra contra el crimen organizado han sido detenidas 2,578 personas, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo.
En ese periodo han muerto cinco narcotraficantes y dos policías. Se han incautado 940 armas de fuego, 1,139 armas blancas, 69 alimentadoras de armas, más de 31,200 balas y 4,763 explosivos y 7.1 toneladas de drogas. Las bandas criminales han atentado contra 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas y 12 a establecimientos policiales.
Operativo relámpago y secreto
La esposa y tres hijos de Fito habían ingresado a Argentina el 5 de enero. Sin embargo, Peñarrieta, la esposa, tenía cinco tránsitos migratorios a la Argentina entre el 14 de agosto de 2023 y el 5 de enero, cuando fue su último ingreso, según un informe confidencial.
Fuentes judiciales y de inteligencia estiman que su último ingreso estaba coordinado con la fuga de Fito de una cárcel de máxima seguridad y que el proyecto era alejar a su familia de Ecuador.
Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia y una vez sacada la familia escaparse de la cárcel”, dijo Bullrich el viernes en una conferencia de prensa.
El ministro del Interior argentino, Guillermo Francos confirmó que el fiscal Suárez, asesinado en Guayaquil, investigaba el viaje de la familia a la Argentina.
Las autoridades argentinas, por medio de un correo electrónico ubicaron a la familia de Fito, pero no había orden de detención judicial ecuatoriana ni de Interpol.
Se sabía que habían comprado una casa de $500,000 en lujoso barrio Valle del Golf, en Córdoba, una central provincia argentina. Vivían en el lugar desde el 5 de enero, sin levantar sospechas.
Los fiscales federales investigan si hubo lavado de dinero pero saben que “es una cuestión menor frente a la amenaza para la seguridad nacional que represente Fito”. En la compra en efectivo, figura un hermano de la mujer que vive en Chile.
Las autoridades ecuatorianas proporcionaron fotografías a su contraparte argentina de los personajes para corroborar 100% las identidades.
No fue sencillo decidir la expulsión en base a una resolución administrativa de Migraciones. Si se imputaba y detenía a Peñarrieta por lavado de dinero hubiese nombrado abogados y se hubiese quedado durante meses en el país la espera de una resolución judicial, concluyó Clarín.
El gobierno argentino decidió no pedir a la Justicia su detención sino anular la residencia transitoria de turistas que tenían por tres meses mediante una resolución. Se les denegó la permanencia en el país por estar involucrados “en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación”.
La mujer y sus familiares cuando fueron notificados “no se opusieron a ser trasladados”, lo que facilitó el trámite administrativo.
Para que el operativo fuera relámpago y secreto, una vez detenidos, los ciudadanos ecuatorianos fueron llevados a la Brigada Aérea de El Palomar, en Buenos Aires, y el viernes fueron deportados a Ecuador en un Fokker de la Fuerza Aérea Argentina que aterrizó en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Al dia siguiente fueron liberados porque no existen cargos contra ellos. “La justicia ecuatoriana proyecta imputarlos en un caso de trascendencia internacional, reveló Clarín.