La Constitución prohíbe que una persona sentenciada a cinco años o más por cometer un delito dirija el país
Mientras Panamá se preparaba para su ruidosa temporada de carnaval, las celebraciones del fin de semana se producían en medio de un extraño drama político que tiene lugar en la capital, informó este lunes The New York Times.
Un expresidente, quien también es uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de mayo de este año, se refugió en la embajada de Nicaragua con sus muebles, incluidos un sofá y un escritorio, así como su perro, Bruno.
Ricardo Martinelli, un empresario conservador de 71 años que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, recibió asilo de Nicaragua la semana pasada después de que la Corte Suprema panameña rechazó su apelación a una condena por lavado de dinero que incluía una sentencia de 10 años de prisión.
Martinelli, que ha enfrentado otras investigaciones penales, afirmó no solo que el caso tiene motivaciones políticas, sino además que el presidente y el vicepresidente de Panamá quieren matarlo.
En lugar de ir a prisión, dijo que se propone continuar con su campaña presidencial desde la sede de la embajada, aun cuando la Constitución de Panamá prohíbe que una persona sentenciada a cinco años o más por cometer un delito intencionalmente dirija el país.
“Hay que ser muy cobarde para inhabilitar a un candidato presidencial que está primero en las encuestas”, dijo en un comunicado publicado el miércoles en X. Y añadió: “Eso atenta contra la democracia”.
Las encuestas han revelado que Martinelli es el favorito de la carrera presidencial. El Tribunal Electoral insinuó con firmeza que sería inhabilitado para aparecer en la boleta electoral de las próximas elecciones.
La noche del viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá declaró que no accedería a la petición de Nicaragua de permitir el salvoconducto de Martinelli para viajar a Managua.
Después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nicaragua respondió a la negativa de Panamá diciendo que el asilo político debe respetarse por ser un derecho humanitario.
Varios días después de que la Corte Suprema negó la apelación, Martinelli presentó una denuncia penal ante la Asamblea Nacional de Panamá, en la que acusaba al presidente y vicepresidente del país de intento de homicidio.
En la denuncia alegaba que una persona cercana a la oficina del presidente había advertido sobre un complot para asesinar a Martinelli con el fin de impedir que llegara a la presidencia. El actual presidente, Laurentino Cortizo, negó la acusación.