“En Panamá hace falta certeza del castigo”, palabras de Javier Caraballo al ser confirmado, el 14 de febrero, por el presidente Nito Cortizo, como procurador general de la Nación. Recordemos que Caraballo estaba encargado de ese despacho desde el 25 de febrero de 2021, como procurador suplente, luego de la renuncia de Eduardo Ulloa, nombrado tras la renuncia de Kenia Porcell.
Caraballo fue mi alumno en la Universidad de Panamá. Por eso él sabe, al igual que todos los alumnos que tuve durante mis 33 años como docente, que yo era de los profesores que llama al pan, pan y al vino, vino. Que no me importaba los callos que pisara porque siempre buscaba encontrar lo que nos enseñan en las aulas de clase: Justicia.
Ante ese decir del colega Caraballo que en Panamá hace falta certeza del castigo, ¿habrá, en los casi tres años de estar al frente de la Procuraduría, aplicado siempre lo que hoy, tras ser ratificado en el cargo, dice tan categóricamente?
Es lo mismo que debemos preguntar a Gerardo Solís, que como Contralor se ha convertido en cómplice de muchos delitos de corrupción, porque no ha presentado las auditorías necesarias y ha renunciado a cumplir con sus funciones legales.
¿Por qué, señor Procurador, aún no se sabe absolutamente nada de las denuncias que personalmente interpuse contra los ministros Alfaro de Comercio, Concepción de Ambiente y Sabonge de Obras Públicas, por su posible conducta ilícita frente a la aprobación del contrato minero, al que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró 25 violaciones constitucionales, fundamentados precisamente en las opiniones vertidas por usted y el procurador de la Administración, Rigoberto González? ¿Y qué decir de otras denuncias presentadas por abogados como Roberto Ruiz Díaz, Ernesto Cedeño, Juan Ramón Sevillano y Miguel Antonio Bernal, también contra ese inconstitucional contrato, así como de diversos casos de corrupción que han dormido el sueño de los justos?
¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la Nación para que hubiese certeza del castigo, al igual que la Contraloría, cuando no se ha investigado nada y los denunciados se ríen en la cara de quienes nos atrevimos a señalarlos por sus arbitrariedades y posibles delitos?
No soy de los que piensa que Ricardo Martinelli es el único culpable que debe encontrar la justicia panameña. En el caso de New Business, para solo detenerme allí, hay personas que durante el juicio mintieron descaradamente al decir que desconocían que la millonaria transacción tenía como beneficiario a Martinelli.
Mintió el representante de la familia Arias; mintió su abogado de Morgan & Morgan. Mintieron los bancos. ¿Cómo pudieron decir que no sabían que el que compraba era Martinelli, cuando los bancos le preguntan a cualquiera hasta el nombre de su abuelita para abrirle una simple cuenta de ahorros?
Aplaudo la decisión de la CSJ al declarar inconstitucional el contrato minero, al igual que las razones esgrimidas judicialmente para que Ricardo Martinelli esté condenado por su actuar. Repudio la actitud cómplice que en los más de cuatro años de gestión ha demostrado el Contralor Solís.
Pero, debemos estar claros que esos no son los únicos temas judiciales que se encuentran en la bandeja de casos pendientes que tiene la justicia panameña, donde la Procuraduría General de la Nación -como organismo encargado de armar el sumario del caso-, también tiene un papel importante que jugar.
¿Cómo es posible que ningún funcionario del gobierno de Varela haya sido denunciado, a la vez que investigado por actos ilícitos en ese gobierno, como lo fue el supuesto pago de $145 millones por establecer relaciones diplomáticas con China Popular?
¿Cómo es posible que ningún alto funcionario del gobierno de Cortizo haya sido detenido –con excepción de una funcionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia- con la infinidad de denuncias presentadas en su contra relacionadas con la pandemia, ventiladores, vales digitales, bolsas de comida, fondos de la descentralización, irregulares contratos aprobados y un largo etcétera que incluye a buen número de diputados?
Definitivamente, señor Procurador, en Panamá hace falta certeza del castigo. Estamos de acuerdo. Pero en ese esfuerzo usted tiene que ser más enérgico y menos dependiente de quienes lo mantuvieron en el interinato por casi tres años y ahora lo nombran titular.
No podrá haber justicia en Panamá, mientras no haya verdadera separación de poderes y cada funcionario cumpla a cabalidad con el rol encomendado.