10 deberes urgentes para el próximo gobierno

10 deberes urgentes para el próximo gobierno
Analista político.

El 5 de mayo decidiremos nuestro futuro. Si seguiremos desarrollándonos como un país con esperanza, debemos poner fin a las conductas que han deteriorado nuestro tejido social y su institucionalidad. Quien comience a gobernar el primero de julio, debe tomar medidas desde el primer día ya que, por la desconfianza existente, hay que actuar con rapidez. Nuestra sociedad se hartó de tanta inacción, desfachatez y engaños.

Algunas de mis ideas:

1. Fijar las reglas de la gobernabilidad con la Asamblea Nacional. El poder Ejecutivo lo ejerce el presidente. No se comparte con los diputados. Cada uno tiene su función constitucional específica. El uno gobierna y ejecuta y el otro fiscaliza y legisla. Desde el primer día hay que ponerle fin al chantaje que han ejercido los diputados y a la complacencia y complicidad que ha habido entre ambos órganos del Estado. Eso no es democracia.

2. Debe nombrarse en los órganos de control del Estado a personas cuyo único compromiso sea el de promover la transparencia y la rendición de cuentas. Contraloría General de la República, las dos procuradurías, el fiscal electoral, Autoridad Nacional de Transparencia, Unidad de Análisis Financiero, Aduanas, Dirección General de Ingresos, los bancos oficiales, Caja de Seguro Social, deben ser encomendadas a personas independientes, preferiblemente que hayan apoyado a algún adversario del que resulte ganador de la contienda. Eso dará equilibrio a la nueva administración, despolitizando por completo esas entidades.

3. En los primeros 30 días de gobierno deben tomarse decisiones sobre cuáles oficinas públicas deben fusionarse con otras para evitar repetición de funciones, tan común en el sector público. Esto repercutiría en el ahorro de muchos millones de dólares.

4. En igual término, deben revisarse los contratos de arrendamiento de las instituciones públicas, aprovechando propiedades ociosas que todavía mantiene el Estado para mudar allí las oficinas públicas. Adicionalmente, deben revisarse los arrendamientos gubernamentales para determinar si no resulta más económico que adquiramos esos bienes en lugar de estar pagando alquileres, que terminan dándole al dueño del edificio en arriendo al cabo de pocos años cinco o seis veces su valor original. Ese es el caso del edificio AVESA y Plaza Edison que albergan cuatro ministerios e infinidad de oficinas públicas.

5. Deben prohibirse las mudanzas de oficinas, lo que se presta para coimear y para gastar en remodelaciones, en muchos casos, innecesarias. Esto ya lo he propuesto varias veces tiempo atrás.

6. Debe reducirse al mínimo la flota de vehículos arrendados por el Estado, limitándose el uso de los vehículos oficiales. Ese privilegio se convirtió en abuso ya que se les confirió a demasiados funcionarios.  En simultáneo, debe ordenarse reparación de la flota oficial, paralizada actualmente por daños mecánicos o desidia, descartando lo que no sirva, para saber con qué exactamente se cuenta.

7. En los primeros 60 días de gobierno, Relaciones Exteriores deberá ser reorganizada para determinar cuáles sedes diplomáticas están de más. La profesionalización de ese especial servicio público debe ser confiado a expertos, dejando a un lado a los que lleguen a sus cargos con el fin de proseguir estudios propios, en lugar de ejercer correctamente la función encomendada.

8. El tema de los cónsules y las notarías debe ser reglamentado para que dejen de ser objeto de botines políticos.

9. El Estado debe supervisar a mejor forma las entidades donde tiene parte de su capital, como Cable & Wireless, AES y otras, donde los que representan nuestros intereses los defiendan y no se dejen asimilar a los designios de las empresas que deben fiscalizar.

10. Propongo también que la presidencia de la República, a través de una de las entidades de control de que dispone, como podría ser la Autoridad Nacional de Transparencia, tras dotársele de mayores recursos, debe abrir los conductos para que los ciudadanos presenten denuncias concretas sobre posibles actos de corrupción en el sector público o privado y éstas sean escuchadas e investigadas.

La idea es empoderar a la población para que se sienta parte del proceso nacional que debe emprenderse en contra de la corrupción, si es que de verdad los nuevos gobernantes están interesados en combatirla.

Panamá es un país rico. No deberíamos tener pobres. Es inconcebible que, a pesar de tanta riqueza y ser tan pocos, estemos entre los tres países con mayor desigualdad en nuestro continente. Hoy estamos en listas interesantes como ser uno de los mejores destinos para que extranjeros se retiren aquí. Por igual, es importante que estemos entre los que más transparencia oficial demuestran.

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