El enfrentamiento entre el gobierno y los ambientalistas, cruzándose con acusaciones sobre quién es responsable de la pérdida del grado de inversión, por lo acalorado, no arroja mucha luz. Ambos lados, le echan la culpa del cierre de operaciones de Minera Panamá. Los dos con distintos enfoques.
Los ambientalistas acusan al gobierno de descuidar la planificación económica y minimizar los impactos negativos de la Minera en el medio ambiente. El Ejecutivo destaca el cierre de la mina como un factor determinante en la pérdida del grado de inversión.
Así como Fitch Ratings fue la primera agencia en otorgar el grado de inversión a Panamá, en marzo del 2010 -hace exactamente 14 años-, ahora también ha sido la primera en quitárselo, alegando desafíos fiscales y de gobernanza.
Las otras dos calificadoras de riesgo Standard & Poor´s y Moody’s, que también otorgaron el grado de inversión a Panamá en mayo y junio del 2010, de seguro seguirán los pasos de Fitch.
Sin embargo, más que los efectos que generará sobre el crecimiento de la economía, el cierre de las operaciones en Donoso vino a agravar el contexto económico y social que llevó a la declaración de inconstitucionalidad del contrato de Minera Panamá.
”La pérdida del grado de inversión es por la irresponsabilidad fiscal, las maniobras contables del MEF, el problema no resuelto de la CSS y un presupuesto mal hecho”, planteó el diputado independiente Juan Diego Vásquez. “La culpa es del gobierno, no de quienes no quieren minería”, afirmó.
La realidad es que Panamá ya había perdido técnicamente el grado de inversión. Eso lo demuestra el hecho de que, a mediados de febrero, el gobierno colocó bonos por $3,200 millones a una tasa del 7,98%, cuando en julio de 2019, al llegar Nito Cortizo al poder, ese cupón fue de 3,8% en una emisión de bonos globales por $2,000 millones.
Los economistas de la Universidad de Panamá, dijeron que ha habido un muy mal manejo las finanzas públicas y que el endeudamiento público es uno de los mayores problemas. La deuda del sector público roza los $50,000 millones cuando cerró en el 2019, al asumir el gobierno actual, en $26,600 millones.
Fitch argumentó que la rebaja en la calificación a Panamá se debe a desafíos fiscales y de gobernanza. La calificadora reveló que Panamá ha caído del percentil 55 al 48, en los últimos cinco años, por la falta de “efectividad del gobierno” y “control de la corrupción”.
Puso en la balanza los grandes déficits fiscales y el bajo rendimiento de los ingresos que han impulsado algunos de los mayores aumentos de la deuda pública/PIB y de los intereses/ingresos.
Dejó claro que el aporte de la minera representaba el 5% del PIB, el 7% de los ingresos externos corrientes y generaba otras regalías anuales previstas. Fitch advirtió sobre la amenaza que plantea un costoso arbitraje.
Fitch reconoció que tradicionalmente en Panamá, los nuevos gobiernos no dan continuidad a las políticas económicas de sus antecesores. Advirtió, al mismo tiempo, “un contexto político y social complicado para abordar cuestiones difíciles dada la fragmentación de los partidos, las recientes tensiones sociales y la desaceleración económica”. Proyectó un crecimiento económico de 1,5%, después de un desempeño del 7,3% en el 2023.
La calificadora anticipó que al nuevo gobierno le tomará tiempo ganar la “credibilidad requerida y la recuperación del espacio fiscal”.
“Hay sólidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo, y se centran en las actividades logísticas y el activo estratégico del Canal”, reconoció la agencia.
La calificadora estimó que, independientemente del resultado de las elecciones, sigue siendo incierto si la mina podrá reabrirse y cuándo. Para ello, adelantó, una nueva administración debe lograr un cambio importante en el sentimiento popular y superar obstáculos legales. Entre esos, revocar una moratoria minera recientemente promulgada.