Tildan al contralor de tener un “descaro inaudito” y que desvirtúa la labor de la institución que preside
“Sin órganos de control independientes y eficaces, la democracia peligra. Es justo lo que nos está sucediendo en Panamá”, dijo este viernes la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.
“Hoy escuchamos al contralor Gerardo Solís justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, con un descaro inaudito y desvirtuando completamente la labor de la institución que preside”, señaló en un comunicado.
En el escrito, aseguran que Solís “elige ignorar el mandato de la Ley de Transparencia y la jurisprudencia que han establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de fondos públicos recibidos por una persona como beneficiaria o contratista del Estado, no es información confidencial y debe ser publicada”.
Señalan que la propia Ley de Protección de Datos Personales establece la excepción de que los datos se pueden tratar en el beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos. Según la organización, esto tergiversa el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la “discriminación”.
Agregan que lo que se presencia en estos días en el país, hace imperativo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada en diciembre del 2022 por impulso de Solís, que da sustento a la falta de controles de su administración.
Este viernes, en una entrevista a Telemetro Reporta, Solís dijo que la información de beneficiarios de los auxilios económicos será reservada.
El regente de los fondos públicos defendió el beneficio económico que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) y advirtió que la Contraloría no discriminará a ningún aspirante por su clase social o por razones políticas.
“Ningún estudiante beneficiado debe ser discriminado por quién es su papá, su tío, su abuela o su hermano”, insistió.
Precisó que 9,906 personas han recibido auxilio económico, 5,300 para estudiar fuera de Panamá y no es correcto dañar a 18 beneficiarios que tenían méritos, indicó.
“Yo recibí un auxilio económico, una beca y un préstamo que pagué”, reveló Solís. “El auxilio no lo pagué porque tenía derecho a ello. Yo fui un estudiante sobresaliente, con méritos y era servidor público”, añadió sobre los beneficios económicos que recibió para su formación.