Afirma que tanto los que orquestaron como quienes ejecutaron este esquema de distribución discrecional de fondos del Estado les debe caer todo el peso de la ley.
“La forma en que han sido utilizados estos mal llamados auxilios no nos permite ser meros espectadores por lo que, además de unirnos al clamor nacional exigiendo una investigación a fondo sobre el manejo antojadizo de estos fondos, nos encontramos estudiando los elementos legales que nos permitan denunciar ante el Ministerio Público este hurto descarado”, señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
En su tradicional artículo de opinión dominical “La Cámara Opina”, el gremio recordó que desde septiembre del año pasado cuestionó públicamente la falta de transparencia y la discrecionalidad en el otorgamiento de los Auxilios Económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
“Ante las nuevas revelaciones sobre este programa, no nos podemos quedar inmutables, ni mucho menos ser indolentes frente a un listado que pone al descubierto el descaro y la impunidad de quienes tienen el mandato de administrar los recursos del Estado. Además, evidencia la corrosión moral de un grupo de personas que aprovecha sus influencias y conexiones para asaltar el erario público sin consecuencia, mezclándose entre aquellos que merecen apoyo por méritos propios”, dijo la CCIAP.
Detalla que igual de grave, es el hecho de que el contralor, en lugar de hacer cumplir las obligaciones que la Constitución le impone de fiscalizar y controlar el uso de los fondos públicos, sea el protagonista de la falta de transparencia al refrendar una gran cantidad de los auxilios económicos.
“No siendo suficiente, ocultando los beneficiarios de miles de éstos. No existe justificación legal ni moral para que un funcionario público de tal envergadura justifique su complicidad por el evidente incumplimiento de sus funciones”, señaló el gremio.
Asegura que la educación es el elemento fundamental para el desarrollo de nuestro país, de allí que, cree en el otorgamiento de becas a estudiantes que por sus méritos así lo merecen.
La CCIAP considera que tanto quienes orquestaron como quienes ejecutaron este esquema de distribución discrecional de fondos del Estado les debe caer todo el peso de la ley. “Aquellos que recibieron dineros públicos sin necesidad tienen que devolverlos o enfrentar las consecuencias. Caiga quien caiga”, dijo.
El gremio reiteró que en el próximo debate presidencial esperan escuchar de cada candidato cómo combatirán la actual cultura de administración pública ineficaz, que tiene como norte el clientelismo político.
En el fondo,-precisa-casos como los auxilios económicos o las denuncias de los trámites en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) o el manejo de la descentralización son lo que desnuda una creencia entre la clase política de que los recursos del Estado le pertenecen a quien está en el poder.
“Es hora de que los candidatos presidenciales se comprometan con acciones concretas como la real implementación de la carrera administrativa y la digitalización de procesos para el manejo de los fondos públicos y la necesidad de acabar con la falta de transparencia y la discrecionalidad”, añadió.