Se está realizando un intenso esfuerzo diplomático por parte de Estados Unidos y otros países occidentales para que el Tribunal posponga su decisión
Mientras Israel sigue amenazando con atacar Rafah, la ciudad más meridional de Gaza y existe la posibilidad de que se emitan órdenes de arresto internacionales contra altos cargos del régimen israelí, la actividad hacia un acuerdo de liberación de rehenes entre Israel y Hamás parece que revive, informó el diario español La Razón.
Los observadores e implicados recuerdan que “ya hemos pasado por esto antes” y que es posible que estas conversaciones terminen como las rondas anteriores, donde los pronósticos optimistas se dieron de bruces contra las brechas insalvables entre las partes.
Además, el viernes el asesor del primer ministro qatarí y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquel país, Majed Al Ansari, dijo, en una entrevista con el diario Haaretz –la primera que ha concedido a un medio de comunicación israelí–, que la conducta tanto de Hamás como de Israel en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes frustra a Qatar porque “siempre que nos acercamos a un acuerdo, hay sabotaje por ambas partes”, expresó.
Sin embargo, los titulares de prensa israelíes y los egipcios son ahora más optimistas. En Israel, el gabinete de guerra y el gabinete de seguridad se reunieron en los últimos días para discutir nuevas ideas para un acuerdo.
Hamás anunció el sábado que había recibido la última oferta israelí y que estaba estudiando las propuestas. También se espera que el secretario de Estado, Tony Blinken, visite Israel para discutir sobre las negociaciones y los planes israelíes de una operación en Rafah.
Hamás publicó un vídeo que mostraba a los rehenes Keith Siegel y Omri Miran. Además de ofrecer una señal de vida a sus seres queridos, los dos pedían al régimen que llegase rápidamente a un acuerdo para su liberación. Fuentes israelíes declararon aquella noche que el Gabinete está más dispuesto a mostrar flexibilidad.
Hasta ahora, hay consenso en que los obstáculos para alcanzar un acuerdo los ponen ambas partes, tanto el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, como el jefe del régimen israelí, Benjamin Netanyahu.
El sitio web de noticias Ynet citó fuentes diplomáticas israelíes el viernes afirmando que Netanyahu ahora está dispuesto a aceptar un «acuerdo humanitario», una primera etapa que incluya la liberación de mujeres, ancianos, enfermos y heridos retenidos por Hamás a cambio de la liberación de prisioneros palestinos, sin ningún compromiso israelí de poner fin a la guerra.
Parece que Israel también está dispuesto a aceptar la liberación de un número reducido de rehenes en esta etapa: 33 en lugar de los 40 que había exigido anteriormente. Pero esto también depende de lo que Hamás exija a cambio. Mientras, la ultraderecha del Gobierno de coalición israelí, encabezada por los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, se opone a cualquier concesión y quiere que la guerra continue.
Además de los rumores de que si no se alcanza un acuerdo para la liberación de los rehenes, los defensores del acuerdo, encabezados por los ministros del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz y Gadi Eisenkot, podrían dimitir, varios políticos y dirigentes de seguridad israelíes se enfrentan a una posible orden de arresto que podría afectarles personalmente.
La que parece que está pensándose Karim Khan, el fiscal de la CPI que investiga a altos cargos israelíes por la agresión a Gaza. No está claro si emitirá la orden esta semana, como se sospecha, pero, según informó el ente de radio televisión israelí Kan, Netanyahu actúa como si estuviera convencido de que la medida seguiría adelante. Durante el fin de semana, el «premier» israelí emitió un comunicado en el que decía que se opondría a cualquier movimiento de este tipo.
Medios israelíes informaron que se está realizando un intenso esfuerzo diplomático por parte de Estados Unidos y otros países occidentales para convencer a Khan para que posponga su decisión.
Emitir órdenes de arresto aparentemente requeriría que los 124 Estados miembros de la CPI arrestaran a funcionarios israelíes en su territorio y los extraditaran a la corte con sede en La Haya.