Deberá indemnizar a familiares, reconocer públicamente su responsabilidad y continuar con la búsqueda de los desaparecidos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado salvadoreño por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuéllar, la de su padre Mauricio Cuéllar, y la de su colaboradora Julia Pérez, ocurridas en 1982, informó la agencia de noticias EFE.
En su sentencia, la CorteIDH considera que El Salvador es responsable por la sustracción y posterior desaparición forzada de estos activistas, sobre los cuales a la fecha no se tiene noticias de su paradero.
El 28 de julio de 1982, se reportó la desaparición de las tres personas. Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos desde 1975 desapareció cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería.
Mientras que ese mismo día, su padre y la colaboradora doméstica fueron supuestamente sacados violentamente de su casa. El organismo de justicia internacional explicó que Cuéllar fue víctima de persecución a pesar de presentar varias denuncias antes de su desaparición.
Los jueces determinaron que el Estado violó la obligación de realizar con debida diligencia una búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas.
Estimó que a los familiares se les violó el derecho a conocer la verdad, el de la integridad personal, el de la protección de la familia y los derechos de la niñez.
Entre las órdenes del tribunal internacional destacan que el Estado deberá continuar las investigaciones penales en curso a fin de esclarecer lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos.
También deberá continuar con las acciones de búsqueda de forma rigurosa con el fin de determinar, a la mayor brevedad posible, el paradero de las víctimas o la identificación de sus restos mortales.
Además, el Estado salvadoreño deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas, y adoptar medidas para que se garantice la permanencia de las comisiones de búsqueda de las personas que desaparecieron en el conflicto armado interno.
La CorteIDH también ordenó a El Salvador incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en los niveles educativos medio y superior, un programa de educación permanente sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos por ambos bandos antes y durante el conflicto armado.