De acuerdo con los datos del gobierno saliente del presidente Nito Cortizo, en los últimos años la crisis migratoria ha costado alrededor de $70 millones al país, que recibe a los viajeros en unas estaciones en las que les ofrece alimentación, servicios de salud y toma sus datos biométricos.
Martínez Acha y otros ministros designados por Mulino se reunieron con la directora general de la OIM, Amy Pope, para hablar de la crisis migratoria, en el marco de la cual llegaron a Panamá en el 2023 más de 520,000 personas en tránsito hacia Estados Unidos, una cifra sin comparación.
El canciller designado dijo a los periodistas que el “concepto filosófico” del cierre de la frontera que ha propuesto Mulino “no se discutió” con Pope, a quien “sí se dijo enfáticamente” que Panamá quiere “reducir el flujo de migrantes”.
“Por supuesto que van a haber migrantes ilegales, pero los números que estamos viendo ahora son insoportables, no podemos manejar esas cifras y el presidente Mulino está comprometido con reducir ese flujo y lo ideal sería cerrar la frontera, pero en una frontera tan porosa es muy difícil. Vamos a luchar para eso”, comentó Martínez Acha.
Reiteró el anuncio de Mulino de repatriar de forma masiva a los migrantes que crucen el Darién, “para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen”.
“Sí, vamos a contar con el apoyo de diferentes países para asumir el costo de esa repatriación”, aseguró el canciller designado, tras detallar que durante la cita con Pope se hizo “énfasis en la defensa de los intereses panameños desde todo punto de vista, seguridad, por supuesto, salud”, y que se quiere “involucrar a los países de origen, de tránsito -como Panamá- y destino en las soluciones”.