La evasión fiscal representa el 6,1% del PIB de la región, de allí las acciones para combatirla
Los países latinoamericanos han logrado en los últimos cinco años “progresos tangibles” en materia de transparencia fiscal y en su lucha contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos (FFI), señala el ‘Informe Transparencia Fiscal en América Latina 2024’, divulgado este jueves, informó la agencia EFE.
Este informe del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue presentado en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Estarán reunidos dos días los firmantes de la Declaración de Punta del Este en un llamado a fortalecer la acción contra la evasión fiscal y la corrupción.
Los países latinoamericanos se han beneficiado enormemente de la aplicación y el uso de los estándares de transparencia fiscal”, señala el informe.
Para eso se han fortalecido los sistemas de intercambio de información previa solicitud (EOIR), relativamente más desarrollados que los de intercambio automático de información sobre cuentas financieras, y su impacto ha sido evidente.
Al menos $935 millones en ingresos adicionales identificados solo del 2019 al 2023, gracias a 2,964 solicitudes transfronterizas de información.
En el mismo período 2019-2023, se identificaron al menos $765 millones.
A finales del 2018, altos funcionarios de países latinoamericanos se reunieron al margen de la reunión plenaria del Foro Global y firmaron la Declaración de Punta del Este tras acordar la lucha contra los flujos financieros ilícitos mediante una mayor cooperación fiscal internacional.
La cantidad de ingresos que se pierde debido a la evasión fiscal es significativamente alta en la mayoría de los países latinoamericanos, ascendiendo, según algunas estimaciones, al 6,1 % del PIB de la región, recoge el documento.
Los países que firmaron la Declaración de Punta del Este son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Bolivia es observador.