Pretenden ceder un crédito millonario a otra sociedad de la cual la magistrada María Elena Moreno De Puy fue residente
Una posible lesión fiscal fue detectada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a un crédito de $20.2 millones a favor de la operadora de las tiendas Justo & Bueno en Panamá, otorgado por el Tribunal Admnistrativo Tributario (TAT), informó el diario La Prensa.
Ese crédito fue suspendido provisionalmente por la CSJ a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI) que se había negado a validar las pretensiones de Justo & Bueno por considerarlas “improcedentes” e “inexistentes”.
La DGI una demanda de nulidad contra la resolución de los magistrados del TAT, Rafael Brown Rangel y María Elena Moreno De Puy.
El tercer magistrado del referido tribunal, Anel Miranda Batista, salvó el voto.
De acuerdo a La Prensa, la magistrada Moreno fue agente residente de Quantex Management Corp., la sociedad a la que Justo & Bueno pretende ceder el crédito fiscal de $20.2 millones por un supuesto arrastre de pérdidas en sus declaraciones de renta de los cinco años fiscales entre el 2016 y el 2020.
Se desconoce qué recibirá Justo & Bueno a cambio de ceder el millonario crédito a Quantex.
No solo la DGI ha cuestionado la decisión del TAT. Se le han sumado gremios de contadores públicos autorizados, el conciliador y los asesores del grupo inversor que hace tres años buscó un plan para intentar reflotar, sin éxito, la cadena Justo & Bueno.
Se aclaró que la orden de la CSJ es provisional y todavía debe adoptar una decisión sobre el fondo de la demanda de nulidad presentada por la DGI.