Fuentes no descarta que tras las investigaciones, funcionarios del IFARHU sean judicializados y enfrenten penas de cárcel.
El abogado considera que la justicia penal y la integridad educativa están bajo la lupa del escrutinio público y el próximo gobierno debe contribuir a una reestructuración de la justicia, no para perseguir políticamente, sino, para hacer justicia y casos como el del IFARHU deben ser objeto de impulso procesal y determinar responsabilidades.
Para Fuentes, la detención de los involucrados y la devolución íntegra de los recursos malversados son pasos fundamentales para restaurar la fe en el sistema y garantizar que los jóvenes panameños tengan las oportunidades educativas que merecen, libres de corrupción y discriminación.
El secretismo y la reserva a la hora de divulgar información sobre los beneficiados de los auxilios económicos, apuntan a una red de encubrimiento y protección que involucra a individuos de alto perfil, consideró el abogado.